-La crisis sanitaria ha demostrado la importancia del sector agrario. ¿Está valorado suficientemente por la sociedad?

-Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es que el sector agrario y la cadena alimentaria en su conjunto constituyen una actividad esencial en nuestra sociedad. Su comportamiento ejemplar, moderno y eficaz nos ha provisto de alimentos durante los peores momentos de la pandemia y nos ha transmitido confianza y seguridad, cuando más las necesitábamos. Y, además, el sector ha seguido manteniendo el ritmo creciente de exportaciones a otros países, tanto de la Unión Europea (2/3 de las frutas y hortalizas españolas) como a terceros países (vacuno a Filipinas, porcino a China y ovino y caprino a países árabes). Podemos afirmar que, junto al personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas, el sector agrario y ganadero se encuentra entre los que mejor ha superado la difícil prueba a la que nos ha sometido esta crisis sanitaria mundial. Eso ha servido para que la sociedad, especialmente la que vive en las grandes ciudades, se haya sensibilizado con la labor de agricultores y ganaderos y agradezca su esfuerzo para abastecernos de alimentos en cantidad y calidad suficientes. Así se lo hemos querido expresar en la campaña que, con el lema ‘Alimentáis nuestra vida’, hemos lanzado desde el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación durante las semanas de confinamiento. Pero lo más importante es que esa gratitud se materialice en unos precios justos y en una retribución adecuada al trabajo que desempeñan.

-¿Qué hay que hacer para que esa importancia se vea reflejada también en la situación de los agricultores?

El orgullo que sentimos por nuestros trabajadores del campo se merece un precio que remunere su trabajo. La importancia del sector y su carácter estratégico tiene que tener su correspondencia en la rentabilidad de las explotaciones y en unos precios justos por la producción. Ya antes de la pandemia, en febrero, aprobamos un Real Decreto Ley para reformar la Ley de la Cadena con medidas extraordinarias dirigidas al equilibrio entre el valor aportado y el precio recibido en cada eslabón de la cadena, donde el agricultor suele ser el más débil. En este mismo sentido, hemos iniciado la consulta pública para seguir introduciendo más medidas y de mayor calado en la modificación de la Ley de la Cadena, además de incorporar la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas de suministro agrícola y alimentario. Queremos también reforzar la posición de agricultores y ganaderos mediante su organización en cooperativas y otras estructuras para que dispongan de más capacidad de negociación ante otros los otros operadores de la cadena agroalimentaria. Estamos seguros de que toda esta batería de iniciativas contribuirá a una mayor equidad en el reparto de los beneficios y, por tanto, a una mayor rentabilidad de las explotaciones agrarias.

-¿Cuáles son las principales dificultades que ha observado en el sector durante esta crisis sanitaria?

-Desde el primer momento, el Gobierno calificó al sector agroalimentario como esencial. Y el sector ha respondido con un comportamiento de matrícula de honor. Por supuesto, una situación tan inédita e implacable como la que ha producido la covid-19 ha generado algunas dificultades añadidas a las que hemos ido respondiendo, creo que de forma satisfactoria. En este aspecto, tengo que mencionar el espíritu de colaboración que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado con las comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y representantes de la distribución, así como con las instituciones europeas. Esa actitud ha facilitado la toma de decisiones y la adopción de medidas para dar rápida respuesta al sector: facilidades en la tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) de este año y aumento -del 50 al 70%- del anticipo de su pago; medidas europeas de almacenamiento y retirada de productos; flexibilización de los programas operativos de vino y de frutas y hortalizas; posibilidad de utilizar los fondos de desarrollo rural para ayudas directas y una línea específica para ovino y caprino.

-¿Qué medidas son prioritarias en esta nueva situación? ¿Hay que adoptar un plan especial para el sector ante la acumulación de problemas que ya existían antes del covid-19?

-La irrupción de la pandemia en el mundo nos sorprendió en plena elaboración del Plan Estratégico Nacional que nos exige la futura Política Agrícola Común (PAC). Aunque ahora vaya a sufrir una demora en su implantación, lo sería a partir de 2023, los objetivos tienen incluso más sentido que antes. Están dirigidos a la consecución de la sostenibilidad en su triple vertiente económica, social y medioambiental. En el aspecto económico, resulta clave garantizar el futuro de esa gran clase media de la agricultura familiar mediante el apoyo a explotaciones rentables, a una mejora de la competitividad y al fortalecimiento de los productores agroganaderos en la cadena de valor. En el ámbito social, es esencial la promoción del empleo, el crecimiento, la inclusión y el desarrollo en las zonas rurales, incluyendo la digitalización, innovación y bioeconomía, para poder atraer a hombres y mujeres jóvenes, así como una adecuada respuesta europea a las exigencias en materia de alimentación y salud. Y en cuanto al medio natural, a nadie le cabe duda de que el papel de la actividad agrícola está íntimamente ligada a la protección de la biodiversidad y la conservación de hábitats y paisajes, y a la gestión eficiente de los recursos naturales, en especial, agua, suelo y aire. Se acaban de dar a conocer, en Bruselas, las estrategias ‘De la granja a la mesa’ y ‘Biodiversidad’ del Pacto Verde europeo que se centran en orientaciones medioambientales. Es necesario poner en marcha también estrategias dirigidas a los aspectos económicos y sociales, porque los tres ejes de la sostenibilidad tienen que desarrollarse en consonancia. Por eso, la propuesta del marco financiero para 2021-2027 presentada esta semana por la Comisión Europea responde a buena parte de las peticiones de España. Se incrementará la dotación financiera inicialmente prevista para la PAC, con un aumento global de 26.434 millones de euros para la política agraria, que actualmente tiene a 700.000 perceptores en España, de los que aproximadamente, 234.000 son andaluces.

-¿Cuánto tiempo se necesitará para volver a la normalidad en la actividad agroalimentaria?

-Lo cierto es que la actividad agroalimentaria no ha perdido el pulso de la normalidad en ningún momento, a pesar de las dificultades. Tanto el abastecimiento nacional como las exportaciones han mantenido buen ritmo. Ahora bien, es cierto que los subsectores que encauzan su oferta a través del canal Horeca han sufrido de forma más aguda las consecuencias de la pandemia. Productos como el vino, carnes de vacuno, ibéricos, ganado y quesos de ovino y caprino, así como pescado fresco, marisco y flor cortada han experimentado una notable caída en la demanda debido al cierre de la actividad hostelera y de la suspensión de festividades y celebraciones. Para estos sectores, hemos promovido ayudas europeas al almacenamiento privado, a la reducción voluntaria de la producción o a la retirada del mercado con el fin de que puedan emprender el camino de la recuperación más rápida posible. En este sentido, esta misma semana he enviado una carta al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechoswki, solicitando la prórroga del mecanismo de almacenamiento privado de aceite de oliva y lograr un alza de los precios, que permita la recuperación del sector antes de que se inicie la próxima campaña. El futuro del olivar es un tema que me preocupa mucho y, a partir de mañana, inicio una intensa ronda de encuentros con todo el sector para analizar la situación actual del mercado del aceite de oliva y la puesta en marcha de iniciativas, propuestas por el Ministerio, que aseguren la viabilidad del sector oleícola.

-¿Qué le diría a los agricultores y ganaderos para que sigan optando por esta actividad?

-La agricultura y la ganadería son profesiones de futuro. Actualmente, ya son fundamentales por su aportación a nuestra economía (11% de PIB), a la vertebración de nuestra sociedad (2,6 millones de empleos) y a nuestro medioambiente y paisaje. Y, a raíz de la pandemia, también han puesto de manifiesto que son un sector estratégico a la hora de garantizar nuestra suficiencia alimentaria y que, por tanto, debemos mimarlo y potenciarlo como merece. España ha demostrado la máxima de que un país que quiere ser realmente soberano debe ser capaz de alimentarse a sí mismo. Por otra parte, estamos en un periodo temporal de vital importancia para establecer las bases de un nuevo modelo de agricultura que regirá las próximas décadas. Es decir, estamos en un momento que marcará una época en la política agraria. Es un sector que ha salido por arriba en esta crisis y eso le va a servir para reivindicarse en las negociaciones del presupuesto europeo y de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que va a orientar sus objetivos y recursos a la consecución de la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Pero, además, en España tenemos que propiciar las condiciones para que se produzca un avance significativo en lo que denomino el ‘triángulo mágico’, que incluye el relevo generacional, la digitalización y el riego. En la próxima década, más del 60% de los agricultores en activo llegará a la edad de jubilación. Es una coyuntura favorable para hacerla coincidir con la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a la actividad agraria. Los y las jóvenes que permanezcan en el campo o que se incorporen a él están más capacitados para asumir el reto de la digitalización, que, sin duda, va a traer beneficios tanto para la rentabilidad de las explotaciones como para la calidad de vida en el medio rural. En cuanto al riego, España es un país puntero en la modernización de los sistemas de regadío, que son capaces de producir más con menos agua. Por todo eso, animo a los hombres y mujeres jóvenes a considerar la actividad agraria como una opción de futuro y a contemplar el ámbito rural, sobre todo después de la pandemia, como una oportunidad para su proyecto de vida.

-¿Por qué hay que consumir productos cordobeses y qué valores destacaría de la agricultura y ganadería cordobesas?

-Córdoba es sinónimo de calidad y buen gusto. Los valores de la agricultura y ganadería de nuestra provincia coinciden con las razones para consumirlos. La gran variedad de productos agroganaderos que disfruta Córdoba la convierten en un territorio privilegiado para el consumo de alimentos y bebidas propios. Pero también para la exportación, puesto que la producción cordobesa, sobre todo de aceite de oliva y de frutas y hortalizas, es un gran activo de nuestra economía. Como ya he mencionado, esta semana he solicitado a la Unión Europea una prórroga para el almacenamiento privado de aceite con el fin de paliar la difícil situación que atraviesa el sector debido a factores como los bajos precios en origen o los aranceles de EEUU. Salvadas las dificultades del momento, la agricultura y ganadería cordobesas, unidas a toda la industria e investigación agroalimentaria que generan a su alrededor, empresas, universidad, centros de investigación, constituyen un puntal de la actividad económica de nuestra provincia. El comercio agroalimentario de proximidad nos proporciona también grandes beneficios medioambientales y culturales. Se trata de productos más frescos, de calidad y con garantías sanitarias y de producción que contribuyen a nuestra salud personal y a la del planeta en su conjunto. Y, por otra parte, este tipo de consumo nos ayuda a mantener tradiciones culinarias y disfrutar de sabores y aromas que forman parte de nuestra identidad gastronómica y de nuestra forma de vida.