La empresa municipal Vimcorsa podrá permitir aplazamientos en el pago de parte del precio de una vivienda protegida de su parque público o incluso negociar una rebaja con unos topes con el objetivo de facilitar su venta. Al consejo de administración de hoy llega una propuesta del gerente, Francisco Paniagua, que le da potestad, como también al presidente, Luis Martín, para "vender y, en general, disponer libremente de edificaciones destinadas a vivienda y anexos vinculados a ella". La única salvedad es no "vender ni disponer por debajo del precio máximo de vivienda protegida de régimen especial", límite "no aplicable" a las "viviendas calificadas en dicho régimen". El coste máximo de una VPO de régimen especial, según la normativa vigente, oscila entre los 79.590 y los 88.478 euros para un piso de 70 metros, por lo que el precio, con el descuento, no debe bajar de ahí (excepto en el caso de las de régimen especial, destinadas a ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM --18.637 euros anuales máximo--).
Vimcorsa no es ajena a los problemas del mercado inmobiliario y, al igual que los promotores privados de VPO, está hallando dificultades para vender a pesar de tener a 4.400 personas en el registro de demandantes aguardando comprar --frente a las 7.000 que quieren alquiler con opción a compra y 5.800 que piden alquilar--. La empresa adjudica sus VPO cuando va a iniciar una promoción a través de ese listado y los compradores van abonando la entrada y las mensualidades correspondientes durante las obras hasta que terminan y tienen que subrogarse en el préstamo. El problema es que cuando llega ese momento, muchos se ven obligados a renunciar a esa VPO al no concederle el banco la hipoteca. A esto se une la pérdida de la ayuda estatal directa a la entrada --AEDE-- y de la subsidiación de cuotas del préstamo. De ahí que Vimcorsa se ve obligada a tirar de lista para hallar otro comprador, que se encuentra con que el piso ya está terminado y tiene que pagar de golpe el 20% de su coste, más el IVA, ya que el banco solo le puede conceder una hipoteca del 80% restante, es decir, que debe dar una entrada de unos 35.000 euros, "inasumible para muchos ciudadanos en los tiempos actuales". De ahí la necesidad de "fijar precios y condiciones de pago". El informe jurídico que acompaña la propuesta no ve "traba legal", ya que existen topes máximos para los precios de los distintos tipos de VPO pero no "precios mínimos de venta", que "se podrán fijar libremente, según las circunstancias de mercado".
