El gobierno municipal del PP pretende modificar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch) para agilizar las obras dentro de un espacio en el que viven más de 30.000 cordobeses. Es una tarea que quiere iniciar en el plazo de un mes, ya que considera que el documento aprobado en el 2003 ha quedado obsoleto. A juicio del delegado de Patrimonio y Casco Histórico, Juan José Primo Jurado, que ya avanzó en julio a CORDOBA en una entrevista la idea de redefinir el plan, "el Pepch está fosilizado, antiguo en algunos aspectos y debe ser más flexible y capaz de asumir oportunidades y propuestas".

La actuación tiene dos vertientes. Por un lado, la revisión del contenido del documento propiamente dicho, de sus artículos y de sus fichas, para adaptarlo "a la situación actual y a las nuevas oportunidades surgidas del interés público", según explica Primo Jurado. En los últimos años han surgido diversas iniciativas que han necesitado modificaciones de distintas partes del plan y que se han retrasado por el tiempo que ha requerido la tramitación urbanística hasta alcanzar la aprobación final. Primo Jurado indica que ahora "debe aprovecharse la experiencia adquirida durante los años de aplicación del plan". En sus ocho años de vigencia se han modificado o están en proceso o estudio 13 fichas del Catálogo de Bienes Protegidos, dos fichas de actuación, dos artículos y otras propuestas motivadas por el interés público, como el edificio comercial de El Corte Inglés en Jesús y María, el mercado del Alcázar, la conexión viaria entre el recinto del Alcázar y la calle Postrera y la armonización de alturas en un tramo de Cardenal González.

El presidente de Urbanismo, Luis Martín, por su parte, considera que "las fichas están tan acotadas que dejan poco margen de maniobra" para actuaciones residenciales o comerciales, por lo que "no puede adaptarse una vivienda a los tiempos modernos o hacerse un hotel" sin cambios.

NORMATIVA La segunda vertiente de esta revisión del Pepch es su "relectura" para adecuarlo a la normativa vigente, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. En este sentido, se creará una comisión municipal de Patrimonio Histórico, que podría estar en funcionamiento "en un mes" y que "servirá para dar licencias de forma más rápida sin tener que pasar por la Junta", paso que, según precisa Primo Jurado, "no ha dado aún ningún ayuntamiento de la provincia". Toda intervención en el conjunto histórico requiere el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Cultura de la Junta, pero el artículo 40 de la citada normativa brinda a los ayuntamientos la oportunidad de solicitar la delegación de competencias para algunas obras, las que afecten a inmuebles que no son monumentos, jardines históricos o zonas arqueológicas y los incluidos en la delimitación de los entornos de Bienes de Interés Cultural regulados por el planeamiento y con normas específicas de protección.

Con un mecanismo y otro, Urbanismo persigue --en palabras de Primo Jurado-- "flexibilizar la ejecución de obras y la instalación de negocios en el conjunto histórico" para que sea "más habitable para los vecinos" y "más atractivo" para quien quiera desarrollar una actividad. La premisa de la que parte es que el casco está "vivo", no es "un simple decorado", mientras que el fin es "generar empleo".