Las naves son elemento de discordia desde hace casi una década. En junio se produjo el último rifirrafe entre dos de los grupos de la oposición, IU y PSOE, y el equipo de gobierno del PP por la multa de 20 millones. Ambos acusaron al PP de tener un trato de favor con Rafael Gómez por no cobrarla. Durante varios días hubo reproches de todo tipo. El concejal del PSOE Emilio Aumente dirigió un escrito al delegado de Hacienda, José María Bellido, pidiéndole explicaciones sobre las gestiones realizadas para el cobro. Entre las respuestas que dio Bellido sorprendió señalando que creía que había ya prescrito la posibilidad de iniciar un expediente de reposición de la legalidad urbanística, es decir, de derribo. Un día después, el portavoz de IU, Francisco Tejada, le respondió que las naves están en un suelo de especial protección, lo que impide su prescripción.

En un informe de Recaudación de febrero, las naves aparecen como uno de los bienes que el Ayuntamiento pensaba subastar en el 2014. También se pensó en ello en el 2013. El problema es su larga lista de acreedores.