Dice el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza que está dispuesto a venir a Córdoba a explicar las virtudes de su ciudad y a dejar claro que no ha habido nada irregular en el proceso de su elección como capital europea de la cultura. Bienvenido, Odón, venga usted cuando quiera, aunque por aquí interesaría que viniese también la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, a aclarar por qué una persona contratada por el Gobierno vasco formaba parte del jurado que debía elegir a la representante española para el 2016. Que viniera la ministra y que viniera, o al menos diera la cara, la miembro del jurado Cristina Ortega Nuere, que debió firmar, como sus otros compañeros del comité seleccionador, un documento en el que declarara no tener conflicto alguno de intereses con las capitales que optaron al título. Esta persona está vinculada a la Universidad de Deusto y presta sus servicios en el consejo de Cultura del Gobierno vasco, que es uno de los patronos promotores de Donostia-San Sebastián 2016.

Se comprende perfectamente el disgusto de Odón Elorza, pues, aunque inicialmente puso su firma en la candidatura de Córdoba, él es el alma de un galardón que pone el broche de oro a su larga etapa de alcalde. Lo que no se comprende son los criterios para la selección de un jurado para el que el Ministerio de Cultura propuso a la Comisión Europea una serie de nombres de los que ésta seleccionó a seis. ¿Con qué criterios? ¿No hay conflicto de intereses en el nombramiento de la señora Ortega? Si como apuntó el viernes Bruselas todo parece correcto, al menos sabremos con claridad qué podemos esperar de las autoridades comunitarias: un supuesto cumplimiento de la legalidad que no tiene en cuenta criterios de ética o moralidad.

Ha resultado extraño que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, se haga eco de una denuncia anónima, aunque la rápida respuesta de Cultura de que se va a abrir una investigación hace pensar que, al menos, hay sospechas de irregularidades, lo que exige una investigación rigurosa de lo ocurrido y que, bajo criterios de transparencia, se den a conocer los resultados. No hay por qué creer que esta miembro del jurado haya ofrecido directrices a la candidatura de San Sebastián, pero, tal y como están las cosas, va a tener que demostrarlo.

Otras explicaciones deberían venir del presidente del jurado, Manfred Gaulhofer, pues la justificación que hizo del premio (la contribución a la pacificación del País Vasco) no aparece en el informe escrito de la resolución. Era de prever, pues se redactó después de la polémica. Pero si el 28 de junio fue la pacificación un criterio importante para conceder el título europeo (aspecto éste que no viene en las bases del concurso) también podrían haber tenido en cuenta el enorme desempleo y las necesidades económicas de Andalucía y de Córdoba.

El informe del jurado, por otra parte, parece una redacción de segundo de bachillerato. Después de tanto esfuerzo, las ciudades en competición se merecían un mejor y profundo análisis que les hubiese ayudado a mejorar. En Córdoba damos ya la capitalidad por perdida (dicen que la segunda elegida fue Segovia), pero al menos que no nos tomen el pelo.