Antonia Roldán (Cabra); María del Monte (Puente Genil); Josefa López (Córdoba); Pedro Sánchez, Reyes Rodríguez y Petra Castillo (Villanueva de Córdoba) y el caso de La Carlota, que investiga la Fiscalía de Córdoba pero del que no han trascendido detalles. De momento, siete familias han denunciado, por vía judicial, policial o mediática, la desaparición de sus bebés al nacer en algún hospital de la provincia de Córdoba. Se trata de casos con características comunes y singularidades específicas, que engrosan la amplísima nómina que llevó a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) a presentar en enero una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta existencia de una trama organizada para el robo de niños en España desde los años 50 a los 90.

Hasta la fecha, el único caso que ha llegado a la Fiscalía de Córdoba ha sido el de La Carlota. El Ministerio Fiscal inició en marzo una investigación sobre el caso de un recién nacido que, supuestamente, desapareció después de que su madre diera a luz en Reina Sofía. Actualmente se estan incoando las preceptivas diligencias para dilucidar qué sucedió con aquel niño. En este asunto puede haber dos soluciones: que el Ministerio Fiscal archive la causa porque no haya indicios de delito o, de lo contrario, enviarlo a un juzgado para que instruya la causa. Martín-Caro informó también ayer de que sobre el caso de Puente Genil publicado por este periódico no abrirá diligencias.

El fiscal-jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, recordó ayer que la legislación relativa a las adopciones en España es relativamente moderna y que antes de ella una adopción era un contrato privado entre partes, que podía visar un notario pero en la que no intervenía ninguna autoridad o registro públicos. De hecho, hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones. Antonio Barroso, presidente de Anadir, sostiene que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad y castigar a los responsables. Además, la asociación pidió que los fiscales se dirijiesen al Ejecutivo para pedir un banco de ADN para los afectados. De momento, mientras los casos de supuestas irregularidades continúan apareciendo por toda la geografía española, el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó abrir una causa general para investigar los casos de niños robados e instó a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos.