Desde que empezó la crisis, el fenómeno de la ocupación ha ido en aumento. La existencia de un número creciente de pisos vacíos, muchos de ellos viviendas de familias desahuciadas propiedad de los bancos, generó un movimiento social, respaldado en muchos casos por plataformas como Stop Desahucios, que justificó en cierta forma la patada en la puerta de aquellas familias que se habían quedado en la calle. Esa realidad, que también tuvo su reflejo en Córdoba, ha ido pervirtiéndose poco a poco al legitimar un delito como la ocupación y propiciar que, mientras las administraciones se han dormido en los laureles en su responsabilidad de construir viviendas sociales, accesibles a las personas con pocos recursos, los enemigos de lo ajeno han ganado terreno hasta consolidar en muchos casos mafias que se aprovechan de la desgracia de los que no tienen un techo, haciendo el trabajo sucio (en internet hay un manual completo de cómo hacerlo) a cambio de dinero. En el peor de los casos, son los vecinos de comunidades antes tranquilas los que acaban compartiendo zonas comunes con okupas que, más que un techo, buscan guarida.
Una media de once personas a la semana fueron juzgadas en el 2017 en Córdoba por un delito de usurpación de inmueble, lo que en lenguaje coloquial se conoce como ocupación. Según los datos facilitados por el juez decano de Córdoba, si todos los juzgados calificaron bien el hecho, el año pasado se registraron 608 personas como presuntas autoras de este delito, mientras en lo que va de año se han registrado 187. La ocupación de inmueble se considera en el Código Penal un delito leve o infracción administrativa y está penada en función de si ha habido violencia o no. Si la usurpación se ha producido sin violencia, el juez puede imponer multa de 3 a 6 meses y si no, puede condenar al autor a penas de entre 1 y 2 años de cárcel. En general, según las fuentes consultadas, los jueces buscan más la desocupación que la cárcel, por lo que las penas impuestas son menores. A eso se suma, según los administradores de fincas, que los juicios se alargan hasta una media de dos años. Cuando llega el momento del desalojo, lo habitual es que la familia que estaba ocupando se haya ido y, haya otra, por lo que el proceso debe empezar desde el principio. A juzgar por los datos, la mayoría de los propietarios de inmuebles ocupados acuden directamente a los juzgados y no a la Policía, ya que, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en el 2017 se registraron 117 denuncias por ocupación de inmuebles en toda la provincia, nueve menos que el año anterior, cuando se computaron 126. Según un informe realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Córdoba, por encargo del Ayuntamiento, desde que empezó la crisis y hasta el año pasado unas 6.000 familias cordobesas habían perdido su vivienda. En el registro de demandantes de vivienda de Vimcorsa figuran casi 5.000. Por otro lado, de las 17.000 casas que se estimaban vacías apenas un centenar ha llegado a manos del Ayuntamiento para su gestión como vivienda social. Con el mercado inmobiliario parado, los bancos han ganado tiempo negociando alquileres sociales con sus okupas de dos o tres años mientras vendían los inmuebles a fondos buitres. ¿Y después de esos tres años qué pasará? Algunas voces, como la Asociación de Familias Necesitadas, llevan tiempo en Córdoba pidiendo medidas para frenar las ocupaciones y pedir soluciones reales y legales al problema de emergencia habitacional de las familias. Esta misma semana, el Pleno municipal debatió una moción de Ciudadanos. No hubo acuerdo.
