El pleno del Tribunal Constitucional dio ayer trámite a la batería de impugnaciones con las que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende echar por tierra las normas aprobadas el miércoles por el Parlamento catalán para articular el referéndum del 1 de octubre. La admisión a trámite conlleva la suspensión por cinco meses de la ley del 1-O, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias y el acuerdo por el que se designó a los miembros de la sindicatura electoral, lo que supone que todas ellas estarán fuera de juego de cara al día señalado por el Govern.

Las providencias del alto tribunal le fueron notificadas personalmente, además de al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y demás miembros del Govern, a la Mesa del Parlament, a su secretario general, al jefe de Publicaciones y a la técnica del coordinación de la producción de publicaciones, así como a los miembros electos y suplentes de la sindicatura electoral.

En la impugnación contra las normas complementarias el apercibimiento se extiende a un millar de personas, porque incluye a los 947 alcaldes catalanes y a más de 60 cargos públicos, como los directores y subdirectores generales de la Generalitat, los responsables de los Mossos y los responsables de los medios públicos catalanes. El Gobierno también pidió la publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat y en los periódicos oficiales autonómicos y estatal.

El recurso contra la ley del referéndum solicitaba que se «advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» y que «se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de la ley impugnada». Concluye con «las consecuencias penales en que podrían incurrir de desobedecer dichas advertencias».

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que «la ley impugnada se ve afectada por una inconstitucionalidad» total, ««al ser el presupuesto del que parte la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido». Por eso debe ser anulada en «su conjunto, por conexión de todos sus preceptos puestos al servicio de una sola y misma función inconstitucional».

QUERELLAS DE LA FISCALÍA / Asegura que «la evidencia palmaria de las gravísimas y evidentes vulneraciones del orden constitucional excusaría la necesidad de una exhaustiva y más profunda motivación», pero dedica 70 páginas a explicar que se está ante «una de las mayores afrentas a la Constitución que por parte de un parlamento autonómico puede concebirse».

Mientras, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que se presentará una querella contra el president catalán, Carles Puigdemont, y todos los miembros del Gobierno de la Generallitat por los decretos de convocatoria y organización del referéndum del 1-0. De forma paralela, se presentará otra querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la cámara catalana que permitieron la tramitación de la ley del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad política. La fiscalía superior de Cataluña está ultimando los dos escritos que serán presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por la condición de aforado de los acusados. Los delitos serán de prevaricación y desobediencia y no se descarta el de malversación de fondos públicos.

Por otra parte, Maza explicó que se han dado instrucciones a las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona para que investiguen, auxiliadas por la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, cualquier acto preparatorio de la consulta soberanista, a la vez que faculta a las fuerzas de seguridad del Estado para intervenir cualquier material o «instrumentos» destinados a preparar el 1-0.

VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN / Maza detalló en su breve comparecencia, en la que no se permitieron preguntas de los periodistas, las actuaciones de la fiscalía «en defensa de la legalidad» y respecto a la «grave» situación provocada por representantes de la Generalitat. Según sus palabras, los responsables del gobierno catalán han actuado «en violación de la Constitución y del propio Estatuto de autonomía y desobedeciendo frontalmente» los reiterados pronunciamientos de las resoluciones del Constitucional.

El fiscal general aseguró que la Fiscalías de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal de Cuentas, y las fiscalías catalanas «seguirán actuando con firmeza, proporcionalidad, celebridad y con plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional».