La Ley de Transparencia, que regula el acceso a la información pública y el buen gobierno, obliga a las administraciones, organismos y entidades que reciben dinero público a facilitar a la ciudadanía sus principales datos económicos y organizativos. En el caso de las administraciones públicas, la ley las obliga a difundir información relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite a través de una herramienta web o portal de transparencia. Así, los ayuntamientos, por ejemplo, están obligados a ofrecer información relativa a sus funciones y estructura, organigrama, perfil y trayectoria profesional de sus responsables; los contratos que realizan, así como los convenios que suscriben; sus presupuestos y cuentas anuales; los bienes y actividades de los representantes locales y las retribuciones que reciben; los planes y programas anuales y plurianuales y medios previstos para su ejecución, indicadores de valoración, grado de cumplimiento y resultados; una relación de bienes inmuebles de su propiedad o las actas de las sesiones plenarias.
Entre las críticas que ha recibido la ley de transparencia española hay dos fundamentales: la primera, que no incluye un régimen de sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones y, la segunda, que aunque la Administración tiene un plazo de un mes, prorrogable a dos, para contestar las solicitudes de información, si finalmente no contesta, no tendrá que explicar por qué.
