¿Cuál es la reivindicación?

Los examinadores lo ven complicado e Interior dice que todo depende de Hacienda, así es que ninguna de las partes augura una pronta solución al conflicto. Los evaluadores ya han advertido de que no darán marcha atrás porque «hemos perdido mucho dinero cada día de huelga» y han añadido que, como «gesto de buena voluntad», han dejado los paros en lunes, martes y miércoles, examinando jueves y viernes. «Al principio, convocamos indefinido, pero nos hemos autoimpuesto unos servicios mínimos consistentes en trabajar los dos últimos días de la semana para que no haya un bloqueo total». De momento, la huelga está convocada para septiembre, pero «si no hay acercamientos nos plantearemos seguir en octubre», señala Pablo Jiménez, delegado de los examinadores en Córdoba y que es uno de los miembros del comité de huelga.

¿Qué respuesta han obtenido?

La Dirección General de Tráfico se escuda en Hacienda ante los examinadores. A pesar de que asegura estar de acuerdo en líneas generales con las reivindicaciones de los evaluadores y con las medidas que permitirían ampliar la plantilla, el director general, Gregorio Serrano, explicó en la reunión del pasado agosto que sin el visto bueno del ministro Cristóbal Montoro, es decir, de Hacienda, no hay nada que hacer. El argumento es que no se puede subir unilateralmente el sueldo a un determinado grupo de funcionarios sin hacerlo con el resto. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que las negociaciones con el colectivo huelguista han sido «intensas y extensas en el tiempo», y ha recordado que, entre otras medidas de mejora, se ha creado, por acuerdo del Consejo de Ministros, una especialidad para dar solución a los problemas de escasez de examinadores.

¿Puede esperarse una solución?

Los examinadores de Tráfico reivindican el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el año 2015 con la DGT para beneficiarse de algunas mejoras laborales, entre las que se encuentra un incremento del complemento específico que estos funcionarios del Estado perciben en sus salarios, en reconocimiento de la especialidad técnica de su puesto, la peligrosidad y la penosidad. «La diferencia entre un trabajador de oficina y nosotros es mucha. Nos evalúan cada cierto tiempo y estamos siete horas metidos en un coche con una persona que está conduciendo y no sabe», explican. El salario medio de los examinadores es de unos 1.400 euros y reclaman un aumento de en torno a 250 euros brutos. También la creación de un grupo específico y que se pueda acceder a este puesto por oposición, ya que en la actualidad solo pueden entrar los propios funcionarios.