Minutos después de la presentación de la comisión, el portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, manifestaba que «si del trabajo de esta comisión, la conclusión última es acudir a los tribunales para anular la inmatriculación, y se hace en contra de la asesoría jurídica, que es la única que por ley puede proponer actuaciones jurídicas, actuaremos conforme a derecho y llegaremos hasta donde haya que llegar, incluidas las responsabilidades penales». Con esta contundencia, Bellido criticaba la «falta de respeto y ninguneo a los servicios jurídicos municipales», que concluyeron en un informe que «no cabe atacar la inmatriculación por la Iglesia». A su juicio, la comisión supone un «ataque directo a la propiedad privada», ya que la Mezquita-Catedal «es de la Iglesia».

Para Bellido, la comisión es «partidista» y «partidaria», ya que «solo cuenta con profesionales ligados al PSOE, directamente como Carmen Calvo o Juan Bautista Carpio, que fue concejal de Cultura del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco y que sigue siendo parte de este partido», o «vinculados a ideologías o movimientos como Alejandro García», respecto al que citó sus «colaboraciones con la Fundación Pablo Iglesias». Por ello, cree que el grupo es «más propio del PSOE que del Ayuntamiento».

El PP organizó ayer un foro de debate con afiliados sobre la Mezquita-Catedral, en el que participaron el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y el notario Rafael Díaz Vieito. En la presentación, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, calificó de «disparate» la comisión, que podría llevar al Ayuntamiento a «cometer prevaricación».

Durante su intervención, Primo Jurado aseguró que «la historia y las leyendas refrendan el fuerte vínculo indisoluble de la Mezquita-Catedral con Córdoba», al tiempo que «dejan clara la propiedad eclesial del conjunto, beneficiosa para su conservación y que nunca ha sido puesta en duda». Mezquita-Catedral: historia, leyenda y actualidad fue el título del foro en el que Primo Jurado, en su condición de historiador, destacó la importancia de que Fernando III no destruyese la Mezquita en 1236 y que la Iglesia conservase en los siglos posteriores la parte principal de la época musulmana, el Mihrab, «ejemplo de tolerancia y respeto al patrimonio». El subdelegado narró leyendas sobre la Mezquita-Catedral, como las del buey que reventó o la de la fuente del olivo.

Por su parte, Rafael Díaz Vieito expuso su visión más jurídica. El notario tiene claro que la Mezquita-Catedral «es de la Iglesia», por lo que la reclamación de la titularidad pública «carece de sustento jurídico». Díaz Vieito considera que nada ha cambiado entre la etapa anterior a la inmatriculación y ahora, por lo que «volver al estado primitivo no tiene ningún sentido». A su juicio, se está produciendo «una polémica artificial», ya que «lo importante no es de quién es la Mezquita-Catedral, sino saber qué hacemos con ella» para «garantizar que sea de todos», «qué límites tiene la Iglesia como propietaria». En este sentido, señala que «hay que plantear si esos límites son suficientes o no» y «a lo mejor hay que poner más». El notario piensa que «hay que garantizar una transparencia absoluta en la gestión, no introducir la cogestión, que no aportaría nada, pero sí permitir cierta intervención a la administración».