El Pleno aprobó ayer prorrogar hasta marzo la liquidación definitiva del Consorcio de Turismo y la creación de un nuevo ente que gestione la política municipal en esta materia. El dictamen de cesión de activos y pasivos se aprobó con los votos de PSOE, IU y Ganemos Córdoba; y la abstención de PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa, a pesar de un durísimo informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, en el que advertía de que llevará este asunto a la Fiscalía y a la Cámara de Cuentas por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por menoscabo y perjuicio que se haya podido causar a las arcas municipales.

El secretario, que defiende que el Consorcio de Turismo ya se encuentra liquidado por silencio administrativo positivo, trató sin éxito de imponer su criterio sobre la necesidad de que el dictamen de ayer fuese apoyado por dos tercios de los concejales, pero la alcaldesa, ejerciendo la presidencia del Pleno, defendió que era suficiente una mayoría para sacar adelante el punto.

A pesar de los informes técnicos cruzados (el dictamen aprobado lleva el aval de la asesoría jurídica del Ayuntamiento) y de la presencia en el salón de plenos de los trabajadores del Consorcio de Turismo, que permanecieron sentados en un respetuoso silencio, la sesión se desarrolló en un tono moderado y alejado de los exabruptos de otras ocasiones. Quizá, entre otras cosas, porque una de las cuestiones que estaba en juego ayer era el pago de las nóminas de buena parte de los asistentes en la sala, después de que la interventora y la oficial mayor advirtiesen en otro informe de que esos cobros corrían peligro si no se aprobaba el dictamen.

El primer teniente de alcalde y responsable de Turismo, Pedro García, que asumió la responsabilidad política por el retraso en la gestión de este expediente, espetó a la oposición: «A todos nos preocupan los trabajadores, pero si todos nos abstenemos no cobrarían hoy. La abstención tiene repercusiones», dijo.

Por contra, los portavoces de PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa insistieron ayer en «la inseguridad jurídica» que albergaba la decisión que, aún habiendo sido aprobada por el Pleno, deberá ir ahora al Consejo Consultivo Andaluz. El portavoz popular, José María Bellido, responsabilizó a la alcaldesa de la tardanza y criticó «los numerosos agujeros» del expediente. En concreto, lo que se aprobó ayer fue prolongar hasta el 31 de marzo el plazo para culminar la disolución del ente y la creación de uno nuevo, al que se subrogarán los trabajadores (aunque como no fijos).