La plataforma de profesionales del hospital Reina Sofía, constituida en contra de los recortes salariales y laborales incluidos en el decreto-ley aprobado por la Junta, pidió ayer al Gobierno andaluz que "derogue esta normativa en su totalidad", al hilo de las noticias que apuntan a que hoy la Administración regional podría paralizar la aplicación de parte de estas medidas. El portavoz de la plataforma, Julio Ortega, anunció que "los profesionales seguiremos con las movilizaciones hasta que la Junta anule su plan de ajuste y se comprometa a reducir una administración ineficaz e hipertrofiada y a no ajustar su presupuesto a costa de los trabajadores". "No nos basta con que el Gobierno regional paralice el decreto-ley, ya que el mismo además de una reducción salarial, contempla otros aspectos que también nos perjudican como el incremento de jornada, con el que el SAS quiere ahorrar en personal y despedir a eventuales e interinos, así como aplicar un recorte de sueldo encubierto, obligando a los funcionarios a trabajar más horas, sin pagarles guardias ni continuidades asistenciales", señaló Julio Ortega. Ortega indicó que la Junta debe "liberar a los profesionales de cargas burocráticas para que se centren en los pacientes y garantizarles un sueldo digno, acorde con su responsabilidad". Estos sanitarios cordobeses ya han recogido 500 firmas para pedir que dimita la consejera de Salud de la Junta, por "su ineficaz gestión".
Por otro lado, unos cien representantes de CSI-F se manifestaron ayer, al igual que en otras provincias andaluzas, en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta para protestar por los recortes incluidos en el decreto-ley andaluz y los nuevos previstos por el Gobierno central, que incluyen, entre otros aspectos, la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios públicos. La presidenta de CSI-F en Córdoba, Francisca Carretero, se felicitó de que la Junta se esté planteando paralizar su plan de ajuste, pero lamentó que el Gobierno autonómico "se siente a negociar solo con UGT y CCOO la anulación de una medida por la que quiere recortar entre un 5% y un 10% el sueldo a los empleados públicos, cuando nuestra central es el sindicato mayoritario en este sector". Carretero explicó que "con todas las reducciones salariales aprobadas en los últimos años, "por el PSOE y por el PP, hay muchos funcionarios que cobran por debajo de los 1.000 euros". Además, los trabajadores públicos son también consumidores, les afecta la subida del IVA y de impuestos, tributos con los que se pagan subsidios de desempleo y otras necesidades, por lo que ya no se les puede pedir más", añadió.
