Ocho de los 164 detenidos en la macro operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por fraude fiscal en la compraventa de oro son de Córdoba, ciudad en la que se procedió a dos registros de comercios, uno de ellos en el Parque Joyero. Estos y otros datos del operativo fueron ofrecidos ayer en Valencia por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien destacó que un entramado societario compuesto por 180 empresas consiguió defraudar 1.000 millones de euros en facturas falsas anuales, nueve millones en el impuesto sobre sociedades y diez millones en devoluciones del IVA.
Según detalla la Policía Nacional en un comunicado, hay un total de 164 detenidos en 12 provincias, se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16.000.000 de euros.
De las investigaciones se deduce que el entramado aprovechó el auge en la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, fraudes inmobiliarios e incluso el narcotráfico.
Este conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar impuestos. Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales.
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha declarado a este diario que "en primer lugar hay que felicitar a la Policía Nacional por llevar a cabo con tanta efectividad esta operación de tanto alcance a nivel nacional e igualmente a las dependencias regionales de la Inspección de la Agencia Tributaria. Y en segundo lugar, dejar claro que este tipo de hechos no deben dañar ni la imagen, ni el trabajo, ni la trayectoria de la inmensa mayoría de los joyeros cordobeses que cumplen con la legalidad y constituyen una pieza básica en el tejido productivo cordobés".
Las investigaciones comenzaron en 2012 en Valencia y se han extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid. En la base de la red se encuentran casas de compraventa de oro diseminadas por toda España.
