Las obras de la Ciudad de la Justicia están más cerca. La Consejería de Justicia e Interior recibió ayer la documentación que estaba esperando de la empresa adjudicataria, la unión temporal integrada por Isolux Corsán y Copcisa Industrial, que le garantiza que cuenta ya con la financiación necesaria para iniciar las obras. Si no hay cambios de última hora, la ejecución de esta ansiada infraestructura empezará en el mes de agosto, según las previsiones que hizo ayer públicas la Junta a través de una nota. Después de varias prórrogas, en abril la Junta había concedido a la adjudicataria la última, dándole cuatro meses para empezar las obras, que acaban en agosto. Dentro de ese plazo, la Junta concedía a la adjudicataria sesenta días para acreditar que tenía respaldo financiero, ya que en abril se había avanzado considerablemente en este aspecto. Y ayer cumplió la UTE con ese requerimiento.

A partir de ahora se abre otro periodo de dos meses para que Isolux Corsán y Copcisa Industrial presenten el resto de documentación necesaria para entrar ya de lleno en la fase de ejecución de la obra, prevista para finales del mes de agosto. Si se cumple esta hoja de ruta, la Ciudad de la Justicia estará lista para su apertura a finales del verano del 2017, ya que la adjudicataria dispone de 36 meses, es decir, tres años, para su ejecución.

La Ciudad de la Justicia es uno de esos proyectos que, entre unas circunstancias y otras, se está eternizando. Aunque su origen se remonta a finales de la década de los noventa, hace justo diez años que se produjo la cesión del solar de Arroyo del Moro a la Junta para su construcción. Desde entonces, el proyecto ha tenido numerosas vicisitudes que lo han ido retrasando. La demora ha caracterizado también la última etapa del proyecto, ya que la obra de la Ciudad de la Justicia fue adjudicada hace tres años, en el 2011, a una unión temporal de tres emprepresas --una de ellas, Detea, se quedó fuera tras entrar en concurso de acreedores en el 2012--, que no la han podido iniciar aún al no contar con la financiación necesaria. Esto ha hecho que la Junta haya ido concediendo plazos a la adjudicataria hasta darle un ultimátum, tras el que esta ha demostrado "estar en óptimas condiciones para conseguir la financiación para iniciar las obras mediante la fórmula de colaboración público--privada", método elegido para facilitar su ejecución. La Consejería mostró ayer su confianza en que la entidad adjudicataria y las financieras culminen los contratos que les vinculan y puedan hacer realidad el proyecto cuanto antes.

La Junta aseguraba ayer que desde el inicio de este proceso la Consejería de Justicia e Interior "ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para impulsar la construcción de esta sede judicial" y "ha mantenido su compromiso con este proyecto que considera fundamental para la ciudadanía cordobesa y para los profesionales al servicio de la Administración de Justicia".

El contrato de adjudicación establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras el que la titularidad del edificio revertirá a la Junta.