La percepción de la escasa incidencia de la Ley de Segunda Oportunidad es compartida por el delegado del Colegio Notarial de Andalucía en Córdoba, Fernando Gari, que afirma que «no es una ley que tenga una gran aplicación en la práctica».

Este mecanismo permite que ciudadanos y trabajadores autónomos renegocien deudas, se liberen de una parte de las mismas y se beneficien de un plan de pagos aplazados para mejorar su situación económica. No obstante, Fernando Gari señala que, en su caso concreto, solo ha llevado un acuerdo extrajudicial de pagos, un proceso que hay que realizar antes de entrar en el concurso de acreedores, y no hubo consenso debido a la situación de insolvencia económica del afectado.

Así, comenta que en ocasiones «es muy difícil llegar a un acuerdo» con los acreedores, pero porque el deudor no tendría medios para hacer frente al pago, y explica que «el consejo que se puede dar es que no hay que cerrar los ojos, sino hacer frente a la situación antes de que no haya una solución».