El inspector y jefe de grupo de Extranjería, Julián Cárdenas, explicó ayer el desarrollo de la operación Cierre, recordando que fue iniciada «a raíz de irregularidades detectadas por la oficina de Extranjería», en el registro de solicitudes de certificados de NIE por parte de ciudadanos comunitarios, «en las que para acreditar medios económicos presentaban una serie de altas y contratos laborales de dudosa credibilidad».

Los agentes percibieron que se podrían estar planteando falsos contratos de trabajo para conseguir el registro de ciudadanos de la UE. Además, «detectamos que hay supuestos trabajadores que habrían adquirido las presuntas altas con el fin de acreditar días, para después el cobro fraudulento de prestaciones públicas por desempleo, subsidios e incluso prestaciones por maternidad», señaló.

Después de esto, lograron determinar que el entramado era ficticio y «que los contratos laborales y las altas no eran reales», porque «no había existido nunca relación laboral». De este modo, según detalló, «carecían de actividad, infraestructuras, maquinaria y vehículos», mientras que «los trabajadores no sabían ni qué días habían trabajado ni lo cobrado, ni conocían los sitios donde habían trabajado ni las personas con quienes iban a trabajar», y a esto se añadió que «el empresario tampoco acreditaba ningún beneficio desde que se crearon las empresas».

En esta línea, el inspector Cárdenas indicó que, «una vez que tuvimos los indicios suficientes, se estableció el dispositivo tendente a la localización y detención de los autores», precisando que por ahora hay 104 implicados, de los que 65 han sido detenidos y 39 investigados. Además de esto, manifestó que el fraude ascendería a unos 300.000 euros por el momento.