Eugenio Rosa y Antonio Martínez residen desde los ochenta en pisos de alquiler de AVRA en Las Palmeras y conocen perfectamente la situación del barrio en el que llevan décadas. Además, Antonio es vicepresidente de la asociación de vecinos Unión y Esperanza, y forma parte de la andaluza de Barrios Ignorados y de la Unión Romaní, mientras que Eugenio, además de ser vocal de Unión y Esperanza y estar en Barrios Ignorados, es miembro de Stop Desahucios y del Consejo del Movimiento Ciudadano, por lo que están acostumbrados a mediar entre Junta y vecinos. Los dos tienen claro que lo ideal sería partir de cero y renegociar los alquileres y que todos los problemas que hay, que se repiten en el parque de vivienda público de Las Moreras y Guadalquivir, derivan de una mala gestión.
«Dejación histórica»
Uno de los principales problemas que detectan es «la dejación histórica de la Junta al hacer efectivo el cobro» de las cuotas mensuales, ya que «ha creado unos hábitos» difíciles de cambiar, según relata Eugenio. A esto se une que, «cuando se construyeron los pisos, se vio que tenían defectos» y los inquilinos se negaron a pagar hasta que se subsanaran, «pero las constructoras desaparecieron y no hicieron ninguna reparación». En aquel momento, afirma, «ni siquiera se pasaban los recibos de alquiler». También hay casos que han ido pagando pero, como «AVRA no los ha atendido en las reparaciones, dejan de hacerlo». Otra de las circunstancias que se dan es, según Antonio, que «algunos han utilizado el dinero del alquiler para reparar averías y han dejado de pagar». Ahora, añade, «a los que se les da una vivienda, para tener el contrato de habitabilidad, deben hacerse cargo de la deuda y hacer un seguro a nombre de AVRA, que solo arregla un 10% y el resto corre a cargo del inquilino, por lo que el que entra emplea el dinero del alquiler en la obra». Por eso, piensa que «la dejadez de funciones de AVRA es la que ha llevado a que una gran mayoría de personas que antes pagaban hayan dejado de hacerlo, a lo que se une la crisis».
Antonio denuncia que hay personas con problemas de movilidad que «no pueden salir a la calle» ni cambiar la vivienda en la que residen por la de otro inquilino porque se les exige (al igual que al inquilino del piso con el que harán la permuta) «saldar la deuda». Para paliar esa situación, Eugenio sugiere el acondicionamiento de locales para su uso como vivienda. Otras propuestas que han hecho a la Junta son llevar a cabo un censo de los residentes «para ver sus necesidades reales de vivienda»; estabilizar la población; «partir de cero, no que nos condonen la deuda», pero «sí renegociar alquileres para tener más facilidades para pagar»; crear comunidades de vecinos tuteladas, y rehabilitar pisos.
Antonio reconoce que la ocupación de pisos se da también en este barrio y otros. En algunas viviendas, explica, hay «cuatro y cinco matrimonios viviendo juntos con los padres» y «se están masificando», por lo que, «cuando ven una vacía, como se imaginan que para ellos no va a ser, le pegan la patada a la puerta».
Patada en la puerta
«Yo no estoy de acuerdo con la patada en la puerta», señala Antonio, pero «la administración tiene que dar una alternativa a los que están ahí metidos». Eugenio explica que EPSA (antigua AVRA), «si se ocupaba la vivienda y se pagaba la deuda, regularizaba la situación», lo que «dio pie a la ocupación». Después, «cuando el dinero se acabó, se siguieron ocupando pisos y la administración se vio desbordada y no intervino». Por ello, insiste en «no criminalizar» a la vecinos porque «ha sido la administración la que ha dado pie a que las malas praxis en el barrio se mantengan».
Eugenio reconoce que no ha abonado prácticamente «nunca» el alquiler porque su vivienda «tenía muchos defectos» cuando entró en ella que «nunca atendieron», por lo que «pagué los dos primeros recibos y ninguno más». Además, no ha firmado el compromiso de abono de deuda. Por su parte, Antonio admite que tiene deudas con AVRA pero asegura que «no hay ni un solo vecino antiguo que no las tenga», ya que «durante 20 años no había oficina administrativa donde ir a pagar». Tanto uno como otro piensan que todo se complica con el reconocimiento de deuda, mediante el que se abona mensualmente «la cuota ordinaria y atrasos más el IBI fraccionado, resultando cantidades aproximadas de 100 euros, que resultan imposibles de afrontar en la mayoría de los casos».
