La consejera Sánchez Rubio señaló ayer que la norma persigue «garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal» como otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, «solo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física». Para ello, la Junta está obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.
La nueva ley reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal.
La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En el apartado de vivienda, ha explicado que se consolida la reserva de un 4% de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas viviendas convertibles, mientras que los discapacitados tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas. Otra novedad se refiere al turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades. Dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles y los espacios reservados se ubican solo en las zonas de mayor precio, «los discapacitados tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica», explicó ayer la consejera.
