La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería, denominada Edu Costa, que hasta el momento se ha saldado con 17 detenciones, aunque afectará en los próximos días a unas 90 personas y 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros. En otra actuación contra la corrupción, la juez Alaya ha añadido 34 nuevos imputados en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. Además, ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler.

La operación Edu Costa, continuación de la Edu, está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con más arrestos y registros.

Entre las personas imputadas y detenidas se encuentran varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP, caso de la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega.

MERCAJEREZ Sánchez, que ya fue condenada a dos años de cárcel por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales, ha declarado durante ocho minutos en relación a supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una sociedad mixta que ella presidía como alcaldesa, aunque las gestión correspondía al vicepresidente y al gerente. Juan Fernando Ortega, que según el PSOE renunciará a su acta de concejal y a la militancia, ha confirmado su imputación, así como la de su exmujer y su hija.

En la provincia de Cádiz, la policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando a la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en el 2010 y que ayer negó "categóricamente" haber cometido "irregularidad alguna".

En Málaga, la investigación afecta a diez empresas y los arrestos que se están practicado están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre del 2010, entre ellos alumnos, profesores y empresarios.

La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional de diciembre del 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios. La policía aprecia también casos de facturas falsas con las que las empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".

A partir de estos trabajos se ha podido detectar que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar. En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.

La operación Edu Costa se centra en empresas a menor escala que recibían subvenciones que no solían superar los 100.000 euros a diferencia de las investigadas en la primera fase, que se trataba de entramados de mayor entidad como los que dirigía el exconsejero de Hacienda de la Junta Angel Ojeda, al frente de la empresa Prescal, especializada en formación y consultoría. Ojeda ya fue detenido el pasado verano. La operación Edu continuará hasta el próximo 20 de febrero.