La inspección técnica de edificios (ITE) cumple un año más con un grado de cumplimiento mínimo. Más de 12.000 edificios de Córdoba capital con más de medio siglo de antigüedad deben pasar la revisión para comprobar su estado antes del 28 de junio del 2018, es decir, en seis meses. Ese es el plazo fijado por el Ayuntamiento durante la primavera pasada en la última prórroga que aprobó para dar más tiempo a los edificios centenarios y protegidos, a los construidos entre 1913 y 1937 y a los edificados entre 1938 y 1962. En lo que va de año, y según Urbanismo, solo se han presentado 25 informes de revisiones, que, si se suman a los 220 realizados hasta diciembre del año pasado, dan como resultado una cifra muy baja, 245, que representa solo el 2% de los 12.000 inmuebles que deben someterse al chequeo. Esto significa que el 98% de los edificios de más de 50 años están incumpliendo la revisión, hecho que implica sanción, que no se está aplicando.

Urbanismo se comprometió a elaborar una ordenanza que aún no ha visto la luz pero en la que lleva tiempo trabajando. Con ella pretende dar un giro a la ordenanza vigente, que afecta a toda Córdoba e incluye no solo bloques, sino también viviendas unifamiliares. Su idea es «no seguir con la universalidad» y ver cuáles son las prioridades para pasar la revisión teniendo en cuenta, además de la antigüedad, otros factores como qué edificios están protegidos y cuáles no, la tipología y las zonas. Urbanismo no descarta que la ordenanza se centre primero en los edificios plurifamiliares (como la normativa estatal, que no incluye viviendas unifamiliares) y que introduzca cambios en la accesibilidad, exigencia que deja poco margen de maniobra a muchos edificios que carecen de ascensor. Urbanismo asegura que esa ordenanza o sus claves estarán antes de que expiren los plazos en junio del 2018.

LA NORMATIVA ESTATAL / Al margen de lo que diga la ordenanza municipal vigente, hay una normativa estatal del 2013 que fija el 28 de junio del 2018 como fecha tope para que los edificios que tenían más de 50 años en aquel momento se sometan a un chequeo. Esa normativa cambiaba la denominación de la ITE e introducía los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE), que, además del estado de conservación, evalúan la accesibilidad y la eficiencia energética. El decreto del 2013 ampliaba la revisión a los bloques de toda la provincia -donde no se ha avanzado nada- y no afectaba a las viviendas unifamiliares, que allí son la mayoría. Según el último censo del INE, hay 6.000 edificios de más de 50 años en la provincia que se suman a los más de 12.000 que han de pasar la revisión en seis meses en la capital. En el 2015 hubo otra ley que asumió los contenidos de la del 2013, que es la vigente ahora y que sigue marcando el 28 de junio del 2018 como fecha tope para el examen.

Sin embargo, Urbanismo advierte de que «el marco normativo no es el que había» y que hay que tenerlo en cuenta, ya que, si se excede el plazo previsto, ya no se está incumpliendo una normativa estatal. Fuentes del organismo municipal explican que la Generalitat interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regulaba la ITE en el 2011 al considerar que invadía las competencias autonómicas. El año pasado hubo una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de varios preceptos de aquella ley que, según las consultas realizadas por Urbanismo, «alcanza a la regulación vigente». La tesis esgrimida es que el pronunciamiento del Constitucional «genera doctrina que produce efectos frente a todos», por lo que la ley del 2015 tiene «los mismos problemas competenciales». Esto lleva a pensar a Urbanismo que «no hay obligatoriedad de ITE ni de IEE» y ni siquiera de cumplir los «plazos». A esto se une que la Junta no regula la inspección desde la LOUA, que no obligaba a ella, y que en la ley urbanística que prepara ahora alude a ella en los mismos términos, por lo que «no plantea la obligatoriedad, sino solo potestad». Por todo ello, para Urbanismo la única norma vigente que obliga a pasar la revisión es la municipal, que es la que va a adaptar, con la idea de flexibilizarla para que sea menos exigente que la actual y más realista, como ya anunció a los vecinos en febrero pasado.