Alberto Manuel Cano aguarda desde hace cinco años una vivienda protegida. Durante un tiempo, los peores años de la crisis, ha estado en el registro de demandantes «sin ingresos reflejados», pero desde el 2014 su situación ha mejorado y lleva tres años con la inscripción activa. «Tengo 46 años y vivo en casa de mis padres», explica Alberto, que anteriormente residía en una vivienda en alquiler con su expareja «hasta que nos separamos». «Ella se quedó con la vivienda de la Junta en la que residíamos y yo me fui a casa de mis padres», relata, donde, cuando le toca, va su hija de 14 años. «Luché por la custodia de la niña y conseguí la custodia compartida», recuerda, por lo que unas veces reside con su madre y otras con él. «La verdad es que la situación es desesperante», afirma Alberto, que comparte la vivienda de cuatro dormitorios de su madre, con sus dos hermanos, su hermana y los dos hijos de esta, a los que se une su propia hija las veces que se tiene que trasladar allí. Cuando eso ocurre, él le deja su habitación y duerme en el salón, ya que «el resto de los dormitorios están ocupados». Por ello, su sueño ahora es conseguir una vivienda protegida en régimen de alquiler que tenga dos dormitorios, uno para él y otro para su hija, «en la que ella pueda tener su intimidad». «De momento», confiesa, «no tengo perspectivas ningunas».