El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al inicio de la tramitación del proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que incluirá un listado de prestaciones garantizadas, entre ellas la atención a la dependencia, así como condicionadas, que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos. Esta norma, que sustituye a la de 1988, se fundamenta en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso a las prestaciones sociales, desarrollando un "amplio panel" de derechos recogidos en el Estatuto que no figuraban en la ley vigente, según explicó en conferencia de prensa la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

La consejera subrayó que se trata de una norma "de vital importancia" porque consolida el sistema público de servicios sociales en Andalucía aglutinando todos los recursos en este ámbito de las administraciones públicas y "adaptándose a las circunstancias actuales" con "nuevas y crecientes necesidades".

Entre otras novedades, se creará la llamada tarjeta social digital, que hasta ahora se dispensaba "a demanda", y que incluirá la información "más precisa posible" para una mejor atención integral de quienes pudieran sufrir alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social. Otra novedad del texto es el reconocimiento del derecho de la persona usuaria a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea.

Del mismo modo, se recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad. También recoge el derecho del usuario a tener asignado un profesional de referencia que dé continuidad a su atención, si fuera preciso en su domicilio, de forma que este trabajador funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, explicó la consejera.

La nueva norma establece un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán exigibles por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión; la protección de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.

Por otra parte, la norma recoge la creación de la historia social digital, denominada Resisor (Regional Single Social Record), herramienta electrónica andaluza que deberá estar definida antes de septiembre y que contará con la información más precisa posible con el objetivo de facilitar una mejor atención al usuario. Respecto a la tarjeta social electrónica, se facilitará a todos los andaluces conjuntamente con la tarjeta sanitaria para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema.

PROBLEMAS DE TESORERIA Por otro lado, la consejera Sánchez Rubio achacó a "problemas de tesorería" el retraso en el abono de algunas de las prestaciones de la Ley de Dependencia y pidió a los alcaldes del Partido Popular que han protestado que exijan un "esfuerzo" al Gobierno central para su financiación, pues en lugar de recortar 314 millones en dependencia es mejor ayudar a las comunidades.