El traslado de todas las sedes judiciales a la Ciudad de la Justicia de Córdoba supondrá un ahorro importante en alquileres a la Junta de Andalucía. Hasta la fecha, la administración regional pagaba un montante de 720.339 euros al año en concepto de alquiler, ya que solo el edificio de la Audiencia Provincial es de titularidad pública. Por contra, desde que la UTE Cijucosa, la constructura del nuevo edificio, concluyó la nueva infraestructura, que se ha llevado a cabo a través de una fórmula de colaboración público-privada y que ha costado 67,5 millones de euros, la Junta de Andalucía tiene que abonarle un canon anual de unos 8,2 millones de euros durante 25 años. En ese tiempo la empresa hará frente a los gastos de explotación y mantenimiento del imponente edificio, y una vez transcurrido el mismo, la titularidad de la Ciudad de la Justicia revertirá a la Administración andaluza.
Mientras que la Junta de Andalucía se prepara para la mudanza de estas sedes judiciales, una operación que comenzará el 14 de septiembre y que debe estar concluida a finales de año (puede consultar la infografía en la siguiente página), continúan las negociaciones con los sindicatos para la puesta en marcha de la llamada oficina judicial y fiscal de Córdoba. Para la implantación de la misma ya se han producido dos reuniones (el 4 de abril y el 21 de junio) y está pendiente que se celebre un nuevo encuentro el próximo 6 de septiembre en Sevilla, en el que la Consejería de Justicia tiene la intención de ir finalizando la negociación.
En resumen puede decirse que la llamada oficina judicial y fiscal pretende superar el actual modelo de la organización del trabajo en los órganos judiciales por otro más orientado a la racionalización y a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. La idea consiste en reducir el número de funcionarios adscritos de manera directa a cada juez y potenciar la creación de servicios comunes, integrados por un número mayor de funcionarios y especializado en cada una de las fases del proceso judicial.
Rosa María Sedano, delegada de CCOO (sindicato que no firmó el acuerdo para la implantación de la oficina en Andalucía) expresa su preocupación por este asunto. De hecho, considera que el traslado no supondrá mayor problema y que «la gran preocupación es lo que se vaya a producir después» del mismo y, sobre todo, con la implantación de la oficina judicial y fiscal. «Si se hubiese establecido como obligatorio tener en cuenta las cargas de trabajo, la Consejería no se hubiese atrevido a presentar el proyecto low cost que pretende para la ciudad de Córdoba», comenta. «Con cargas de trabajo que rebasan en algún caso el 265% de la carga máxima de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo se tiene la osadía de plantear una nueva oficia con cero plazas de incremento de plantilla?», añade.
UGT también mostró ayer su preocupación por las trabajadoras de la limpieza que actualmente tiene la concesión de este servicio. Desde este sindicato advierten de su temor a pesar de que en el pliego de condiciones se expresa la obligación de subrogar a las trabajadoras y consideran «inaceptable» que eso no ocurra.
En otro orden de cosas, la Consejería de Justicia ha organizado durante estos meses visitas guiadas a la Ciudad de la Justicia para que los jueces, fiscales y funcionarios conocieran previamente el sitio donde van a trabajar. En general, las sensaciones son muy buenas, aunque hay quien ha criticado el reparto de aparcamientos que se ha hecho, y la falta de luz natural de algunos puestos de trabajo.
AlQUILERES // La Ciudad de la Justicia acabará con la dispersión de las sedes judiciales y con el alquiler que pagaba por ellas. Por la sede de Periodista Quesada Chacón, donde están primera instancia 9 y 10 y los despachos del Instituto de Medicina Legal, se pagan 67.235 euros al año. En Gran Vía Parque 24, donde se encuentra el Instituto de Medicina Legal, se abonan 26.862 euros al año. Por el edificio de Doce de Octubre, donde se encuentran los juzgados de los Social 1,2, 3 y 4; Primera Instancia 5 (el Registro Civil) y Primera Instancia 3 (Familia), la Junta desembolsaba 292.371 euros anuales.
75.072 euros se pagaba por la sede de los juzgados de menores en la calle Doctor Barraquer 2, 4 y 6; mientras que la pequeña sede de la calle Tomás de Aquino, en la que ha estado hasta la fecha el único juzgado de lo Mercantil del que dispone Córdoba, ha supuesto 28.521 euros al año. La sede de la calle Historiador Díaz del Moral, donde están los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1, 2, 3, 4 y 5, han supuesto un alquiler de 178.038 euros al año; y la sede de la avenida de Vallellano, 2, en la que se ubica el juzgado de violencia de género (52.240 euros al año).
Ésta no es la primera vez, desde que en el siglo XIX se crearan los primeros juzgados de primera instancia en la ciudad, que se han intentado agrupar en Córdoba todas las sedes judiciales en un mismo edificio. Como explica el cronista de la ciudad, Julián Hurtado de Molina, no se logró con la construcción del edificio de la Audiencia Provincial en el paseo de Gran Capitán, ni con la edificación en la segunda mitad del siglo XX de la entonces moderna sede de la plaza de la Constitución. Esperemos que ésta sí sea la definitiva.
