Si en el plazo de dos meses (hasta el 7 de julio) las consejerías de Obras Públicas (ahora Fomento y Vivienda) y Economía de la Junta no pagan los 7 millones de euros que le reclama el Ayuntamiento de Córdoba por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de viviendas sociales en régimen de alquiler de determinadas barriadas de la ciudad, el gobierno municipal acudirá a los tribunales para exigir judicialmente esta cantidad, según puso ayer de manifiesto el teniente de alcalde de Hacienda y Gestión, José María Bellido, en el Pleno.

EMBARGOS Bellido recordó que el pasado 7 de marzo el servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Córdoba reclamó esa cantidad (principal, recargo e intereses de demora) en un último requerimiento a la Administración regional para que aportara bienes y derechos patrimoniales, no afectos al uso o servicio público, sobre los cuales trabar embargo para el cobro de esa deuda. El plazo para contestar esa reclamación expiró el pasado lunes 7 de mayo, y ahora dispone el Ayuntamiento de dos meses para presentar esa demanda judicial.en busca del pago. Esta deuda de la Junta con el Ayuntamiento por el IBI se prolonga desde 1989 al 2005. No obstante, por otros impuestos y tasas, la Administración andaluza debe a las arcas municipales unos 8 millones.

En un principio, el PP buscaba en su propuesta la reclamación exclusiva al Gobierno regional, pero aceptó una enmienda de IU, que votaron por unanimidad todos los grupos políticos, para hacer extensivo el pago de deudas municipales a todas las administraciones que deben por el impago de impuestos al Ayuntamiento (el Gobierno central adeuda 268.000 euros), así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que abone el IBI por las presas que gestiona en el término municipal de Córdoba

La reclamación se extiende también a otras instituciones, entidades y confesiones religiosas que tengan deudas con la hacienda local. En este último punto se añadió que si no atienden el pago, la asesoría jurídica iniciará un expediente para reclamar esas deudas "con la mayor celeridad posible", según se acordó en la sesión plenaria.