La Ciudad de la Justicia tendrá que seguir esperando. Ayer se agotó el último plazo dado a la sociedad adjudicataria para obtener la financiación para el proyecto e iniciar las obras, pero ninguna de las dos cosas las cumplió. Al menos, según informó la Junta, sí que ha avanzado "sustancialmente en la negociación con fondos y entidades financieras interesadas en participar en el proyecto", algo que ha sido suficiente para que la Consejería de Justicia e Interior le haya concedido una nueva prórroga de cuatro meses para que comience la construcción del complejo judicial. La nueva fecha tope es el 23 de agosto.

Eso sí, una vez que la Junta ha dejado en papel mojado el plazo que cumplió ayer y que concedió con "carácter máximo y definitivo" --según informó en noviembre--, la Consejería ha exigido a la empresa que acredite "documentalmente en un plazo máximo de dos meses" el compromiso de financiación de la Ciudad de la Justicia por parte de las entidades financieras.

AVANCE CONSTATADO La Consejería argumentó anoche para explicar la prórroga que ha "constatado" el grado de avance alcanzado por la sociedad adjudicataria y de ahí que haya decidido "ampliar en cuatro meses el plazo de inicio de las obras". Además, aunque no hizo mención a ello, con esto evita ir a otro concurso, un escenario no deseado por cuanto supondría retrasar considerablemente el proyecto. Así las cosas, y siempre y cuando la empresa acredite en dos meses que dispone de la financiación, de aquí a agosto la adjudicataria "podrá cumplimentar toda la documentación que lleva aparejada un proyecto de esta envergadura, formalizar los contratos de financiación y comenzar las obras", informó en un comunicado la Junta. Tras ese periodo, la empresa dispondrá de 36 meses para construir la Ciudad de la Justicia, que se ha proyectado de acuerdo al nuevo modelo de oficina judicial y fiscal.

La Junta aprovechó anoche para recordar que, desde el inicio del proceso, la Consejería de Justicia e Interior ha llevado a cabo "todas las actuaciones necesarias para impulsar la construcción de esta sede judicial", ya que la Junta de Andalucía "siempre ha mantenido su compromiso con este proyecto que considera fundamental para la ciudadanía cordobesa y para los profesionales al servicio de la Administración de Justicia".

Durante todo este tiempo, la sociedad adjudicataria, integrada por las empresas Isolux Corsán y Copcisa Industrial, ha solicitado en varias ocasiones ampliaciones de plazo a la Junta para el desarrollo del proyecto "debido a la situación de los mercados financieros, si bien ahora parece estar en el momento final de las negociaciones" para conseguir la financiación necesaria para iniciar dichas obras mediante la fórmula de colaboración público-privada, según la Junta.

En el contrato de adjudicación se establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. Mientras tanto, la Junta abonará un alquiler anual.

La Ciudad de la Justicia de Córdoba se ejecutará en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro y albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para ampliaciones futuras.