Un año más, la Junta de Andalucía ha lanzado un llamamiento para pedir más familias dispuestas a acoger a los niños cuya tutela está en manos de la Junta al declararse la situación de desamparo tras el abandono de sus padres, al detectarse situaciones de negligencia o maltrato familiar o porque se trata de menores extranjeros que no tienen familia en Córdoba. Evitar que los menores en desamparo tengan que criarse o pasar largos periodos de su infancia en centros de protección y garantizar que viven el mayor tiempo posible en un entorno familiar es uno de los objetivos que contempla el segundo Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, presentado ayer por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mª Ángeles Luna junto a la vicepresidenta de la Diputación, Felisa Cañete y Francisco Jesús López, portavoz de los menores que a través de los consejos locales de la provincia han participado en la elaboración del plan. Dicho plan detalla que el año pasado la Junta tenía la tutela de 5.611 menores, un 9% menos que en el 2010, y 2.177 familias acogedoras. La idea es aumentar el número un 37,8% y llegar a las 3.000 al final del plan.

En Córdoba hay 550 niños cuya tutela depende de la Junta de los cuales 215 han sido acogidos por parientes (abuelos, tíos...) y 112 por familias de acogida, 49 de ellos con fines de adopción y el resto en distintos tipos de acogimiento, ya sea temporal o definitivo. En los centros de protección hay unos 160 menores, el 80% de los cuales son varones y nacionales. Cabe recordar que la principal diferencia entre un acogimiento y una adopción es que en la adopción los menores rompen por completo el vínculo con sus familias biológicas y en el acogimiento no, de manera que los padres de acogida deben atender a las visitas que se establezcan.

"Quiero valerme por mí misma"

Actualmente, según explicó Luna, la práctica totalidad de niños de 0 a 6 años no pisa los centros de protección porque son derivados a familias, en gran medida, gracias a la modalidad de acogimiento de urgencia, pero el objetivo es ampliar la horquilla y que cada vez sean mayores los que están en este recurso. Según los datos que ofrece el plan, en el 2015 se registró un descenso del 15% en el número de acogimientos en centros. Uno de los hándicaps del acogimiento residencial es que a los 18 años los niños salen del sistema y su vida en solitario. Muchos de los menores se ven abocados entonces a volver con las familias a las que fueron retirados o a recurrir a algún recurso institucional. El acogimiento familiar proporciona, sin embargo, lazos y referentes familiares también cuando llega la mayoría de edad.El número de adopciones ha caído drásticamente en los últimos años. El año pasado, se registraron 119 adopciones nacionales y solo 87 de menores extranjeros. Nada que ver con las cifras de hace una década.

El Plan de Infancia y Adolescendia de Andalucía está diseñado para mejorar la protección de los niños frente a la falta de recursos, el abuso o las negligencias, según la Junta y se aplicará hasta el 2020. En el marco 2016/17 se destinarán 673 millones de euros aunque el plan no refleja una memoria económica para conocer las partidas que se asignarán a cada una de las acciones previstas. En cuanto al acogimiento, Luna no pudo concretar si se aumentará la asignación que se da a las familias en las diferentes modalidades.

El plan prevé la realización de un pacto por la infancia así como una reforma de la ley de los Derechos y Atención del Menor para incorporar la creación de mesas territoriales del buen trato a la infancia.

Casi 600 niños de seis provincias andaluzas han participado en la elaboración del plan, que incluye entre sus líneas estratégicas el fomento de la participación de los menores, aportando sus ideas. En Córdoba, Francisco Jesús López, del consejo local de Fernán Núñez, explicó en nombre del resto que entre sus demandas está la necesidad de ofrecer una educación más individualizada, menos competitiva y que fomente las distintas habilidades de los menores en las escuelas independientemente de la situación económica de sus familias. También reclaman medidas para erradicar el machismo en los centros educativos, «un problema que está arraigado en la sociedad desde hace siglos y que es necesario combatir», explicó, y contra la xenofobia «que está creciendo al tiempo que aumenta la inmigración por los prejuicios que la relacionan con la delincuencia».