El Consejo de Gobierno andaluz dará hoy luz verde al proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía que, según explicó en Córdoba la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pretende "afianzar el cuarto pilar del Estado del Bienestar", blindando el acceso a los servicios sociales y protegerlos de los efectos de la reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno central. Para ello, la atención de los servicios sociales pasará a tener rango de derecho y "garantía jurídica", de manera que "cualquier andaluz podrá participar en la elección del itinerario que necesite para superar su situación social y contar con un profesional de referencia que evalúe si los recursos con los que se le atiende son adecuados y dan resultado". La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Socales ya ha alertado sobre los efectos de la reforma de la ley de Administración Local del PP, ya que "desde el 1 de enero del 2016, hay una buena parte de servicios sociales municipales que no se sabe si se deben seguir prestando o quién los debe pagar", señalan.
La aplicación de esta nueva norma, calificada por Díaz como "pionera y vanguardista", supondrá una reestructuración de los servicios sociales comunitarios que ofrecen los ayuntamientos y corporaciones locales, así como el diseño de un mapa de servicios sociales y un catálogo de prestaciones a las que los usuarios tendrán derecho. De esta forma, los usuarios en situación de vulnerabilidad, unos 32.000 cordobeses actualmente, según datos de la presidenta, dispondrán de una tarjeta y un historial social personalizados similares a los que existen en el ámbito del sistema sanitario andaluz, lo que permitirá hacer un seguimiento de cada caso por parte del profesional de referencia asignado, un trabajador social que actuará a modo de médico de cabecera pero en el ámbito social. Este profesional, según el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, presente en el encuentro con colectivos y usuarios celebrado ayer en el centro de servicios sociales de Levante, "tendrá capacidad prescriptora para establecer el recurso que más se adapta a la necesidad del usuario al que atienda".
La presidenta, que pidió al nuevo Gobierno central que "se replantee el recorte del 68% a los servicios sociales comunitarios y las consecuencias de la reforma local en esta materia", insistió en que "estamos en un momento en el que se está hablando permanentemente de recuperación económica, pero la crisis ha dejado tras de sí una desigualdad brutal, con miles de familias que están a día de hoy en riesgo de exclusión social" y, por ello, "tenemos que poner el foco en aquello que necesita especial mimo y atención".
