Libertad provisional y sin fianza. Esta fue la principal medida acordada ayer por el magistrado titular del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, en el procedimiento contra el empresario Rafael Gómez, que con esta decisión ha evitado, al menos por el momento, su entrada en la cárcel. Sin embargo, el también exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y líder de Unión Cordobesa tendrá que comparecer cada quince días ante el juzgado y se le mantiene la retirada del pasaporte, una vez que ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y a abonar una multa de 112 millones de euros por haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

Estas son las principales conclusiones de la decisión judicial conocida ayer a mediodía, tras una vista celebrada por la mañana. El empresario declinó realizar declaraciones a los medios de comunicación y se encontraba visiblemente serio a su salida del juzgado, adonde acudió acompañado por algunos de sus hijos, que han sido absueltos en el mismo procedimiento.

De este modo, la jornada comenzó con una comparecencia en el juzgado de lo Penal número 3 en la que el fiscal de este caso, Fernando Santos, en una petición a la que se adhirió la acusación particular, ejercida por la Abogacía del Estado, reclamó como medida cautelar la prisión preventiva para Rafael Gómez, eludible con el pago de una fianza de 3 millones de euros prácticamente de forma inmediata, ya que tendría de plazo hasta el 1 de marzo incluido.

El letrado de la familia Luis Cots valoró esta cuantía como «desproporcionada» y manifestó que había sido alegada por otro de los abogados de la defensa en la sala. Además de esto, avanzó al ser preguntado, antes de que se conociera la resolución judicial, que «si es desfavorable la recurriremos, evidentemente».

Las dos medidas planteadas por el fiscal que, según indicaron fuentes judiciales, sí eran aceptadas por la defensa son las que finalmente se establecen en el auto: la presentación cada 15 días ante el juzgado (tendrá que hacerlo el 1 y el 15 de cada mes, y siempre que sea llamado) y el mantenimiento de la retirada del pasaporte. Asimismo, este conocido empresario está obligado a declarar los cambios de domicilio que realice.

el auto/ La sentencia que condena a Rafael Gómez todavía no es firme y las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal tienen como objetivo garantizar que el condenado permanezca a disposición del tribunal. El documento, dado a conocer ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, indica que la defensa del empresario se opuso a la petición de prisión provisional, «añadiendo que hay otras medidas menos gravosas» como las que, de hecho, se acordaron.

En los razonamientos jurídicos el juez indica, entre otras ideas, que «la libertad del condenado por sentencia no firme en el curso del proceso debe ser respetada, salvo que se estime indispensable por razones de cautela o prevención especial la pérdida de la libertad, y siempre que con la adopción de dicha medida se cumpla alguno de los fines que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como son riesgo de reiteración delictiva, obstrucción o riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y protección a las víctimas del delito».

El magistrado recuerda que en este caso ya decidió, al dictarse el auto de apertura de juicio oral, la medida cautelar de retirarle el pasaporte, aunque explica que «las circunstancias se han modificado y es preciso adoptar otras medidas cautelares para evitar el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia hasta que se dicte sentencia firme». Por esto, se añaden las obligaciones de comparecer periódicamente ante el juzgado y de informar de sus cambios de domicilio, como ya se ha citado. Contra esta resolución se puede interponer un recurso de reforma ante el juzgado en el plazo de tres días y se puede formular un recurso de apelación en cinco días.

El lunes pasado se conoció la sentencia en la que Gómez es condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y a una multa de cerca de 112 millones de euros por dos delitos contra la Hacienda pública, con los que el juez entiende que defraudó casi 29 millones de euros a través de dos empresas. El fiscal había pedido 40 años de prisión por diez delitos.