Lejos de lo que pudiera pensarse tras el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada que adoptó el PP, cada vez hay más cordobeses que optan por abandonar su vida laboral activa antes de los 65 años y cinco meses que se establecen para el 2017. Los últimos datos cerrados por la Seguridad Social en Córdoba reflejan que en la provincia hay 101.142 jubilados y de estos 4.167 tienen menos de 65 años, lo que supone un 19% más de los que había hace una década. Este porcentaje ha crecido durante los años de la crisis económica, coincidiendo con el gran número de expedientes de regulación de empleo que se adoptaron y con el cierre de firmas. Muchos trabajadores que se encuentran cerca de los 65 años ya hicieron sus cuentas ante el endurecimiento que se está produciendo y el progresivo aumento de la edad necesaria para poder pasar a ser pensionista. Así, la edad se irá retrasando progresivamente hasta los 67 años a partir del 2027 cuando no se tengan cotizados 38 años y 6 meses, como mínimo. Por lo pronto, la edad real de jubilación de los españoles en el 2016 se situó en 64,08 años de media, lo que supone un año antes de lo que debería producirse. En los últimos años, además, se ha ido alejando la edad real de la legal, no solo porque cada vez es necesario cumplir con más tiempo cotizado, sino también porque existe un amplio número de trabajadores que se están acogiendo a la normativa anterior a la ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social del 2011, aprobada bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y eso que desde el sistema público de pensiones se premia con mayor pensión a los que tienen más años cotizados.
Como sucede en el resto del país, en Córdoba se está incentivando la prejubilación de trabajadores desde las empresas para rebajar la masa salarial. «Las empresas están promocionando la jubilación anticipada porque se reduce la carga salarial al reducir los sueldos más caros y se promociona la entrada de sueldos más bajos», afirma el profesor Javier Martín. A esto hay que unir las prejubilaciones que se han producido por el incremento de expedientes de regulación de empleo (ERE) durante la crisis. «Los ERE han aumentado las jubilaciones anticipadas. Las empresas recurren a las prejubilaciones para reducir la masa salarial», indica Manuel Merino, secretario de Empleo y Comunicación de CCOO en Córdoba. A esto se unen también las diferencias que existen a la hora de acceder a las prejubilaciones por parte de hombres y de mujeres. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Soledad Ruiz, remarca que las mujeres «aguantan más porque su incorporación al trabajo es más tardía o porque han dejado de cotizar por la maternidad y les falta tiempo de cotización». A esto hay que unir también las circunstancias especiales de algunas profesiones, ya se trate por encontrarse sometido a peligrosidad, insalubridad o penosidad. Eso, por ejemplo, es lo que sucede con los mineros, algunos cuerpos de seguridad o con maestros y profesores. En el caso de los docentes, los funcionarios públicos que hayan cumplido 60 años de edad y tengan reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado podrán acogerse a la jubilación. Solo durante el año 2014 se prejubilaron en la provincia de Córdoba 225 docentes, cifra que creció hasta 251 en el 2015, según informa el sindicato de Educación de CSIF. Asimismo, existen diferencias entre docentes no universitarios y los universitarios. Mientras que la tendencia de la prejubilación es mayor en los no universitarios, hay menor interés por motivos económicos en los universitarios.
