El juego ilegal ya estaba presente en Córdoba en los años previos a la crisis económica, pero la persistencia del desempleo ha influido en el incremento de personas que venden boletos de loterías irregulares en la provincia. En este sentido, la infomación facilitada por la Junta de Andalucía apunta que en el 2007 no les constan cifras de intervenciones policiales de estos productos --a excepción de una estafa a dos ciudadanos por un sorteo inexistente-- pero en el año 2014 la Policía adscrita se incautó de 39.949 cupones en la provincia y un total de 351.290 en Andalucía. La cifra cordobesa duplicó a la registrada en el ejercicio anterior (cuando fueron 18.026), tras experimentar un incremento interanual del 122%.

Las mismas fuentes explican que en los dos últimos años "un gran número de ciudadanos se han personado en la Delegación del Gobierno" para informarse sobre la legalidad de distintas actividades. Estas personas habían recibido una oferta de trabajo como vendedor, en la que le abonaban una cantidad fija por cupón vendido y no eran dados de alta en la Seguridad Social, ya que se consideraban colaboradores. De este modo, desde el Gobierno regional no han podido precisar la cifra de ciudadanos que se han interesado por esta cuestión, pero sí indican que la recesión económica "ha traído consigo un aumento de personas que se dedican a la venta, aunque no un incremento de loterías". También abundan en que "es posible que la situación de desempleo pueda suponer un caldo de cultivo" para que las organizaciones de juego ilegal localicen a estos trabajadores. En la actualidad, la provincia de Córdoba tiende alrededor de 40 vendedores y solo Lucena cuenta con unos 10.

El año pasado, las loterías ilegales dieron lugar a 22 actas de denuncia (hasta mediados del mes de diciembre) levantadas a vendedores, organizadores o distribuidores. En esta línea, fueron realizadas 16 intervenciones, 14 en Córdoba capital y otras dos en Lucena, y todos los productos retirados pertenecían a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que ha abierto una sede recientemente en este último municipio. En referencia a la OID, las mismas fuentes destacan que esta entidad "utiliza como soporte la lotería de la ONCE", aunque carece de autorización para ello, y añaden que otras organizaciones como la Integradora de Desemplados y Discapacitados (OIDD) y la Asociación Nacional de Discapacitados (ANDA), "no parecen operar actualmente en esta provincia". Por el momento, Córdoba no cuenta con marcas de loterías ilegales autóctonas, que en cambio sí se encuentran en otros territorios andaluces donde tienen un peso más importante, y normalmente los boletos reciben el nombre de la entidad que los impulsa.

Este tipo de juegos está fuera de cualquier control y escapa al pago de impuestos, lo que "impide garantizar la objetividad y transparencia de los mismos", precisan desde el servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Junto a esto, recuerdan que estas iniciativas perjudican a los establecimientos y entidades que sí están cumpliendo con la legislación, y las actuaciones que se adoptan tienen como objetivo erradicarlas y sancionarlas. La Policía adscrita a la comunidad autónoma y los inspectores de la Junta también realizan labores de vigilancia y de prevención, para evitar que se cometan infracciones.

Así, la Ley de Presupuestos del 2013 indica que las sanciones pueden comprender multas de 10.001 a 300.000 euros en caso de ser muy graves, de 601 a 10.000 euros sin son graves y de hasta 600 euros cuando son leves. Asimismo, la norma precisa que si se aprecia fraude, la cuantía no podrá ser inferior al quíntuple de la cantidad defraudada.