Incertidumbre es la palabra que mejor define la sensación transmitida ayer por distintos colectivos tras conocer la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno. Una vez superado ese trámite, están a la espera de que el documento salga publicado en el Boletín Oficial de la Junta para su entrada en vigor y análisis. Todos se mostraron prudentes al desconocer aún el contenido del decreto tal y como fue aprobado ayer, por lo que la referencia que tienen es el borrador difundido este verano.
El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara, Emilio Góngora, aseguró que no tiene "esperanza ni fe" en el nuevo documento, que "va a ser más de lo mismo, ya que afectará más a las viviendas aisladas" y va más enfocado al litoral. Además, deja todo "en manos de los ayuntamientos y que cada uno lo interprete como quiera", por lo que les "echa la pelota". Al-Zahara, que presentó alegaciones al borrador, piensa que este era un "documento enredo, que no decía nada ni era claro". La demanda de este colectivo es que "se dé luz y agua, servicios básicos, a las personas que llevan tantos años sin los mismos". Según Góngora, las más de 130 parcelaciones de la periferia tienen luz, aunque no todas poseen agua ni alcantarillado. Además, se da la circunstancia de que hay calles "con el 50% de los vecinos con luz y agua y la otra mitad no". No entiende situaciones como la de Las Pitas, que carece de agua, mientras que Córdoba la Vieja sí la tiene. Añade que hay muchas personas que tienen negocios y que están en una situación "desesperada".
El presidente de la mancomunidad Alamiriya, que aglutina a las juntas de compensación de media docena de parcelaciones, Antonio Avilés, considera que el decreto es "tardío" y que tiene "cierto tufillo electoralista e intencionadamente genérico al delegar el Consejo de Gobierno en los ayuntamientos la responsabilidad directa, la concreción de actuaciones del departamento de Disciplina Urbanística y los medios para exigir e iniciar las infraestructuras de servicios mínimos", lo que, a su juicio, "podría conllevar hipotecar en tiempo y dinero la dotación de estos servicios según la capacidad de gestión de cada ayuntamiento". No obstante, y como "positivo", ve que es "un gran paso adelante, si no para la regularización inmediata, ya que sigue vigente la consideración de suelo no urbanizable, sí para dotar de los servicios básicos".
El representante de la plataforma que se creó tras las inundaciones y que aglutina a varias parcelaciones, entre ellas las del entorno del aeropuerto, Francisco León, ve el decreto como un documento "oscuro, ya que nadie sabe nada y son distintas las problemáticas que hay". León dice que hay mucha "incertidumbre y no nos han dicho las cosas claras", por lo que el decreto le provoca "recelo y muchas dudas". Aún así, su prioridad es la seguridad de los residentes de las parcelaciones que están en zona inundable. Por ello, reclama primero la ejecución del proyecto pendiente de encauzamiento del río desde Alcolea hasta las Quemadas y, después, "cuando tengamos seguridad de que no habrá más inundaciones, se tocará el tema de la regularización". Está convencido de que "cuando se haga el proyecto del río, no seremos zona inundable y podremos ser legalizables".
El presidente de una de las parcelaciones del entorno protegido de Medina Azahara, Las Pitas, Cristóbal Pérez, es consciente de las limitaciones del decreto pero no pierde la esperanza de lograr el servicio que tanto necesitan los residentes de la urbanización y que llevan reclamando durante años, el agua, "que pagaremos al igual que hacemos con la luz". Pérez relata los problemas que están padeciendo con el agua, que tiene nitratos procedentes de las huertas "y no está en condiciones para beber". Asegura que han realizado análisis y que están a la espera de una reunión con Urbanismo.
La opinión de IU
El portavoz de IU y anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, Francisco Tejada, está convencido de que "el decreto no aportará nada nuevo", ya que "recoge justo lo que prevé el PGOU", en el que "en aquellas parcelaciones que están en suelo no urbanizable se pueden desarrollar planes de mejora para la dotación de servicios básicos", y, por otro lado, "no afecta a aquellas que están en suelo urbanizable, que deben seguir su camino" para completar su regularización mediante la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización. Por otro lado, "excluye a las de zonas inundables o cercanas al BIC". A su juicio, "lo único que aporta es que hay un cambio en la forma de actuar o en el planteamiento de la comunidad autónoma, que ahora va a ser más receptiva al dotar de servicios básicos". Según Tejada, ahora toca al Ayuntamiento tomar decisiones, por lo que insta tanto al alcalde como al presidente de Urbanismo "a dejar de marear la perdiz y dejar de responsabilizar a otras administraciones y otros gobiernos" para culminar el trabajo iniciado por su equipo en el 2003.
Por último, Ecologistas en Acción confiesa que desconoce "cómo se va a materializar" el decreto, ya que la capital cuenta con un PGOU reciente "en el que ya se hizo un ejercicio de absoluta indulgencia". Su portavoz, Joaquín Reina, piensa que "es la última tropelía de la Junta antes de las elecciones para intentar captar votos, la última oportunidad de aprobar una norma insolidaria e insostenible". Reina considera que "vulnera y contradice la LOUA" y pone en evidencia que las distintas denuncias presentadas por este colectivo durante años "no han servido para nada". A su juicio, es la forma que tiene la Junta de "eludir su responsabilidad".
