El índice de morosidad en las viviendas de alquiler de la Junta en Córdoba se sitúa en el 43%, lo que significa que en menos de la mitad de los 5.428 pisos que tiene arrendados esta Administración se producen impagos. El nivel de endeudamiento descendió un 10% en diciembre del 2016 en relación al mes de marzo, cuando, como adelantó entonces este periódico, estaba en el 53% y se producía en 2.854 viviendas del parque público de la Junta. En ese tiempo se ha producido un cambio de tendencia, ya que en marzo el nivel de morosidad en Córdoba superaba la media andaluza, que estaba en el 49%, mientras que ahora se sitúa ocho puntos por debajo, ya que en el 50% de las viviendas que tiene la Junta repartidas por toda la región se producen impagos en los arrendamientos.

Esa reducción se debe, según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, al plan que lleva a cabo para combatir la morosidad. Ese plan tiene dos vertientes. Por un lado, el programa intenta ayudar a los que realmente no pueden abonar el alquiler debido a su difícil situación económica. En esos casos, la Junta aplica el plan de ayuda al inquilino, en el que tiene 99 expedientes abiertos. Por otro lado, la Junta reclama el abono de las rentas de sus viviendas a los que no las pagan ni tampoco justifican las dificultades que tienen para ello, a los que les envía cartas para que cumplan con sus obligaciones y asuman su responsabilidad. Las mismas fuentes señalan que la mayoría de las deudas son de varios meses aunque hay casos que superan el año. En cualquier caso, la Junta investiga la realidad socioeconómica de las familias y verifica si el impago es por dificultades económicas (o por otras causas), activando en ese caso el programa de subvenciones.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta asegura que la morosidad en el parque público de viviendas en régimen de alquiler se ha incrementado «considerable y progresivamente» desde el comienzo de la crisis económica en el año 2008.