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¿PAGAMOS DEMASIADO?

A la gresca por el impuesto sucesorio

A.R.A.
20/03/2017

 

¿Quién no ha oído hablar en los últimos meses, incluso sin haber heredado nada, del impuesto de sucesiones? El impuesto de sucesiones es un tributo de carácter estatal cedido a las comunidades autónomas, que tienen la obligación de cobrarlo aunque pueden determinar en qué cuantía. Durante años, ha sido arma política arrojadiza en la que la izquierda ha defendido que gracias a este impuesto es posible compensar la distribución de la riqueza y la derecha ha batallado dialécticamente (cuando ha podido suprimir el impuesto desde el Gobierno, no lo ha hecho) por denunciar el afán usurero de las comunidades que, como Andalucía, tienen niveles impositivos por encima de la media estatal. En los últimos meses, el discurso del PP ha calado en la ciudadanía, en la que se ha instalado la idea de que los andaluces pagan demasiado cuando heredan. De hecho, presionado por esa idea y por Ciudadanos, el PSOE ha accedido a bajar desde 2017 el impuesto a familiares directos hasta un tope de 250.000 euros (antes el tope era de 175.000 euros).

Los datos de la Junta de Andalucía, sin embargo, hablan de falsos mitos y señalan que en el 2016, solo un 7,5% de las liquidaciones salieron a pagar y de éstas menos de un tercio eran familiares directos al difunto. Señalan que se ha bonificado el 99% de las explotaciones agrarias y prácticamente en su totalidad la vivienda individual, independientemente de su valor. El problema es que la casuística es muy variada y que hay parientes no directos herederos en situación precaria cuya situación, por ser minoritaria, no se tiene en cuenta en las bonificaciones y que quizás debería llevar a prever respuesta a casos que no cumplen la norma.

La respuesta de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a las acusaciones del PP y a ese clima creado en torno a este tributo ha sido renunciar al impuesto, una herencia envenenada del Gobierno central que Díaz ha propuesto devolver al Estado a cambio de que se le compense con la financiación correspondiente, que la Junta cifra «en torno a 500 millones». A ver qué dice Rajoy.

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