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EL DESAFÍO SOBERANISTA

El Gobierno, preocupado por el impacto de las detenciones

Asume que pueden reflotar el ánimo del separatismo catalán

 

Salida de los furgones policiales que trasladaron a los exconsellers a prisión. - JUAN MANUEL PRATS

REDACCIÓN
04/11/2017

El Gobierno y el PP se limitan a decir en público, de distintas maneras, que la encarcelación de buena parte de los miembros de la Generalitat es un asunto judicial en el que no quieren entrometerse. Y que la única responsabilidad de que la jueza haya podido tomar esa decisión es de aquellos que están imputados por distintos delitos ligados a la convocatoria de un referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. No obstante, en privado, fuentes del Ejecutivo y también del partido que lo sustentan admiten que el asunto les preocupa y que, además, puede dar una importante baza y «anima» al independentismo en vísperas de la campaña electoral.

Estas mismas fuentes subrayan que no pensaban que el proceso al Gobierno catalán iba a entrar en la fase de prisión desde sus inicios, pese a conocer que el Fiscal General del Estado redactó unas querellas muy severas y pese a comprobar que, el mismo jueves, demandó a la magistrada de la Audiencia Nacional que mandara a Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros a la cárcel sin medidas cautelares, con la única excepción de Santi Vila, que ha podido salir tras abonar una fianza.

Cuando se les plantea a estas fuentes por qué entonces optaron por judicializar la respuesta a la ofensiva independentista más allá de los recursos ante el Tribunal Constitucional, se limitan a señalar que cumplían con su obligación de denunciar delitos de los que tenían conocimiento a través de la fiscalía, aunque al tiempo tengan que admitir que el camino que van tomando los procesos judiciales se cruzan, en esta ocasión, con sus expectativas e intereses políticos, una vez que Mariano Rajoy ha decidido que las elecciones sean inminentes: el 21 de diciembre.

Solo desde el Partido Popular de Cataluña se reconoce públicamente -seguramente porque sus dirigentes son los que deben someterse de inmediato al criterio de las urnas- que el golpe judicial tiene un «impacto importante» en la sociedad catalana, no es «agradable» y creará «tensión» durante la campaña electoral. Así lo manifestaron tanto Xavier García Albiol como Andrea Levy en sendas entrevistas para la televisión.

Desde la mesa del Consejo de Ministros el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se dedicó a defender la división de poderes en España y a subrayar que, en todo caso, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pueden concurrir a las elecciones puesto que, hasta que no exista condena firme, están «en posesión de sus derechos civiles y políticos».

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