El Ministerio Fiscal abrirá una investigación de oficio para determinar el origen del incendio forestal que ha quemado 4.100 hectáreas en Cerro Muriano (Córdoba), anunció hoy el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Así lo indicó en una rueda de prensa tras la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, en la que reiteró que el Ministerio Público actuará con la "máxima contundencia" en los hechos delictivos relacionados con incendios.

La Junta de Andalucía dio ayer por controlado el incendio que se declaró el pasado viernes en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano, en el corazón de Sierra Morena, y que ha afectado a 4.100 hectáreas de terreno, de las cuales 2.600 son del campo de tiro, y las 1.500 restantes, de fincas colindantes.

Según explicó Conde-Pumpido, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, le ha comunicado esta mañana que "iba a abrir una investigación para tener un conocimiento exacto" de las causas del incendio.

Precisó que aún falta por determinar si este caso "le corresponde a la jurisdicción militar o a la ordinaria", si bien "en cualquier caso se va hacer una investigación de su origen" para determinar de quién es la responsabilidad.

El incendio en Gran Canaria

Por otra parte, felicitó a la Guardia Civil por la investigación que ha llevado a cabo en el incendio de Gran Canaria, donde "ha sido capaz de encontrar al supuesto responsable de los hechos -un vigilante forestal-, que al principio intentaba desviar la atención a unos excursionistas", pero que finalmente se comprobó que había "traicionado su responsabilidad".

Ante la "gravedad" de esta circunstancia, el Ministerio Fiscal, que "ha estado presente en todo momento", dijo, solicitó la prisión incondicional y sin fianza del supuesto autor, medida que fue dictada por el juzgado de Instrucción Número 2 de Arucas.

Este es un ejemplo, afirmó Conde-Pumpido, de que el Ministerio Público está "actuando con rigor" en el cumplimiento de una instrucción que el pasado año fue distribuida a todas las fiscalías provinciales, y en la que se exigía a sus representantes que "actuasen con contundencia y se personaran" en las causas abiertas por supuestos delitos de incendio.