Ya era hora de que empezase». Las palabras del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero fueron de las pocas que se escucharon de alguno los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz encausados en el «juicio político» del caso ERE, el mayor escándalo de corrupción en la comunidad.
Siete años después del inicio de la investigación, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, ya apartados de toda actividad política, se sentaron en el banquillo de los acusados para afrontar la petición de inhabilitación y hasta ocho años de cárcel para el segundo por los delitos de prevaricación y malversación por haber implantado y mantenido durante una década un sistema de ayudas inadecuado pero que permitió apaciguar los conflictos laborales en la región. «Estoy tranquilo», dijo escuetamente Griñán.
La primera sesión del juicio levantó mucha expectación, pero ya solo mediática. El frío en los juzgados no era solo climatológico, porque quienes durante más de 20 años ostentaron todo el poder político e institucional en Andalucía ya no atraen siquiera a quien les increpe, como ocurría antes.
FOTO DESDE EL BANQUILLO
Aunque no se les acuse por haberse enriquecido, y se alabe que asumieran su responsabilidad política al marcharse, la foto de ambos sentados en la primera línea del banquillo de acusados junto a quienes fueron la plana mayor de su equipo, como Magdalena Álvarez -a quien la imputación le costó el cargo de vicepresidenta del BEI- o Gaspar Zarrías, escuece en el PSOE. Parecía uno de los consejos de gobierno de la cercana sede de la Junta: Chaves y Griñán intercambiando impresiones, y la metódica Álvarez tomando notas. Detrás, y apartados y solitarios en el receso, los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo. El epicentro de la trama.
Con retraso, y en una sala rancia y trasnochada, el juicio comenzó con el retrato del fraude que compone la fiscalía. 122 años de cárcel pide para los 15 acusados de malversación, y 520 años de inhabilitación para los 22 implicados por prevaricación. Y todo porque, como la dilatada burocracia de las ayudas «dificultaba la pronta resolución de los conflictos laborales que alteraban la paz social» en la región, se buscó un sistema que agilizara los pagos: las transferencias de financiación a empresas públicas. Un sistema con fiscalización y tramitación distinta usado habitualmente para equilibrar las cuentas de explotación de estos entes. «Como resultado buscado por los encausados, las ayudas sociolaborales y las ayudas directas soslayaron la necesaria y preceptiva fiscalización previa», zanja la fiscalía.
Con esta nueva fórmula, amparada por un convenio marco del año 2001 que ni siquiera se sometió a los servicios jurídicos o a la Intervención General de la Junta, se dejaron millones de euros en manos de Guerrero, sin competencias legales para conceder subvenciones y con capacidad para otorgarlas «sin fiscalización previa y sin necesidad de tramitar expediente alguno». El sistema se prolongó durante una década sin que nadie del Consejo de Gobierno, pese a conocer lo inadecuado del mismo y las alertas formuladas por la Intervención, dice el fiscal, «le pusiera freno» o, ya bajo el mandato de Griñán, se solicitara su devolución. Por eso, reclama a los 15 acusados por malversación que devuelvan a las arcas públicas los 742 millones de euros que se entregaron bajo esta vía.
ACUSACIÓN POPULAR
El PP, que también leyó su escrito de acusación popular en esta primera sesión, eleva esta cifra hasta los 1.280 millones. Consideran que se estableció una «red clientelar» para otorgar «de forma caprichosa» los fondos públicos a empresas y personas cercanas al Partido Socialista o a los miembros del ejecutivo, de ahí que aumenten la pena de cárcel en dos años al atribuir además a todos los encausados un delito de asociación ilícita.
