La Junta, a través de la empresa pública AVRA, inició el año pasado 54 expedientes para recuperar viviendas ocupadas de manera irregular y ofrecerlas después a otras familias demandantes que cumplan los requisitos para residir en ellas. Esa cantidad es más del doble que un año antes (un 145% superior), momento en el que se abrieron 22 expedientes, según datos facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda. De los 54 expedientes, 27 se han resuelto favorablemente y el resto sigue su curso. Esto significa que la Junta pudo recobrar el año pasado 27 viviendas (cuatro más que en el 2016), que volvió a alquilar. Esos expedientes se resolvieron en la primera fase del procedimiento con la entrega voluntaria de las llaves por parte de los ocupantes, lo que evitó el auto judicial de entrada que permite el desalojo.

MÁS CONTROL / La Junta atribuye esos resultados al «refuerzo de la acción de control» sobre sus 5.954 viviendas de alquiler y al trabajo del «personal verificador», que aporta «datos actualizados» sobre los residentes y sus condiciones económicas. En este sentido, la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, asegura que la decisión de actuar de forma contundente cuando se identifican ocupaciones irregulares «es cada vez más firme porque está dando buenos resultados», por lo que «la acción de la Junta contra el acceso y uso ilícito de viviendas públicas no se va a detener», ya que «es necesario recuperar todas aquellas viviendas ocupadas de forma irregular para ponerlas a disposición de quienes realmente las necesitan y cumplen la legalidad».

A las acciones para recuperar viviendas se suman las encaminadas a regularizar la tenencia a través de subrogaciones o cambios de titularidad, lo que permitió el año pasado a la Junta firmar 150 contratos de alquiler con familias que demandaban una vivienda protegida. Las subrogaciones se producen en pisos de alquiler o de compraventa con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad que no se han terminado de amortizar y que demandan los familiares del titular tras su fallecimiento. Los cambios de titularidad se dan en viviendas de compraventa con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad que reclaman los herederos de los beneficiarios, que han fallecido sin poderlas escriturar a su nombre. Desde el 2015, se han firmado 453 contratos.