Vender al mejor precio para que los socios cobraran lo máximo" era una de las funciones del exgerente (director comercial) de la cooperativa Almazaras de Priego, siempre "siguiendo las directrices directas del presidente". Pedro Quesada declaró ayer ante la sección primera de la Audiencia Provincial del Córdoba y sobre él pesa la acusación de un delito continuado de falsedad documental y dos delitos societarios, solicitando el fiscal once años de prisión. Se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular.

Junto a él se sientan en el banquillo los entonces presidente, secretario y tesorero de la entidad, además de dos directivos de la cooperativa Oligra (de Granada) y otro de Oleonostrum (Málaga). Se les procesa por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y delito societario y se enfrentan a penas que suman 33 años de prisión. En el plano civil se piden multas por valor de 292.000 euros y una indemnización que ronda los 775.000 euros.

Almazaras de Priego es una cooperativa de segundo grado que engloba a su vez a cooperativas de El Cañuelo, Zamoranos, Almedinilla, Fuente Tójar y Priego. Afectados por estas operaciones constituyeron la plataforma Almazeite, que se presenta como acusación popular.

Los hechos que se juzgan se remontan al año 2004. Entre septiembre y diciembre la cooperativa perdió 649.136,15 euros a favor de Oleícola Granadina S.A. (Oligra) tras una serie de contratos de compra-venta de 9 millones de kilos de aceite en un caso y 2,4 millones de kilos en otro. Oligra compra aceite a Almazaras a mayor precio que esta última lo adquirió a Oleonostrum. Los documentos fueron suscritos por Quesada con representantes de la entidad granadina, en los que intervinieron también unos corredores "guiados por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno, sin conocimiento del consejo rector de la entidad Almazaras de Priego", según sostiene la fiscalía.

POTESTAD PARA PAGAR El gerente, que insistió en que su cargo era la dirección comercial, reconoció que tenía potestad para hacer pagos y que tenía "conocimientos generales del funcionamiento de la cooperativa".

Reiteró que "la información con el presidente era diaria" y admitió que el primer contrato se celebró el 13 de septiembre del 2004 en Villanueva de Algaidas (Málaga) y horas después se procedió al segundo en Granada.

El consejo rector no sabía en qué momento se procedió a estas firmas, ya que tenía "órdenes" de que "o se informaba a todos o no se informaba a nadie", correspondiendo esta decisión al presidente.

En otro momento del largo interrogatorio subrayó que la operación de recompra --el 31 de diciembre de ese año-- "era fabulosa", aunque precisó que "no me di cuenta de que no había fecha" en el contrato. En este documento se reflejaba que la mercancía sería entregada en febrero y resaltó que "el mercado se dispara hacia arriba" a partir de finales de año. Esta operación tenía un anexo de cancelación que no llegó a ser utilizado, ya que consideró que "las condiciones eran normales".

Para el exgerente "no tiene lógica" que falsificara la firma de otros cargos de la cooperativa en los contratos, y destacó que las comisiones --la fiscalía considera que son 10 veces superiores a las habituales-- "se pactan con los intermediarios".