Desconfianza más IVA

La subida del IVA en plena recesión tiene dos lecturas: la del acreedor (mercados, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea), que ven en este impuesto una fuente de ingresos para reducir el déficit y, por tanto, la deuda de quien les tiene que pagar. Y la del país: un freno para que despegue el consumo y un creciente malestar social por un nuevo hachazo que se suma a sacrificios como la subida del IRPF, recortes a los funcionarios, a los pensionistas y a los parados como parte de las garantías para salvar a la banca.

"El problema fundamental no es el IVA. El tema es que la gente cada vez consume menos porque están aterrorizados, temen quedarse sin trabajo y solo ven noticias negativas", afirma el profesor del IESE Eduardo Martínez Abascal. En caso de que se repercuta la totalidad del aumento del tipo general, del 18% al 21%, el aumento del precio final será del 2,5%; y en el reducido, que pasará del 8% al 10%; del 1,85%. Cuando la subida sea inferior o nula, esa parte la absorberá el empresario.

"¿Acaso alguien dejará de tomarse una cerveza o de hacer las vacaciones por esas subidas? Lo dudo. El problema es que ya habían reducido el gasto en vacaciones y habían dejado de tomar cañas", afirma.

Según los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, el incremento impositivo supondrá un aumento medio de unos 436 euros para las familias o 36,3 euros mensuales. "Es una subida regresiva, que afecta proporcionalmente mucho más a las rentas bajas que a las altas", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Con un consumo en terreno negativo y una remuneración de los asalariados que cayó el 3,3% 

en el primer trimestre cualquier aumento de precios impide reactivar la demanda. Y los efectos recaudatorios no son los previstos. No lo fueron con la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista hace dos años que, en lugar de 5.100 millones recaudó unos 3.400 y en una situación económica un poco más dinámica. El efecto no es solo de retracción del consumo sino de "aumento de la economía sumergida, que solo se compensará con el reforzamiento de la lucha contra el fraude que entrará en vigor en 2013", explica la profesora de Esade, Diana Ferrer.

Pero, antes, se habrá producido una amnistía fiscal que durará hasta el 30 de noviembre y con la que los defraudadores se librarán de culpas a cambio de un peaje del 10%. "En su día se dijo que la amnistía fiscal era a cambio de no subir el IVA. Y, al final, el IVA sube", recuerda Ferrer. Es un hecho más que demuestra que las medidas forman parte de un catálogo para satisfacer las demandas de los acreedores.

Además, con la medida de gracia para los defraudadores, Hacienda espera recaudar 2.500 millones, muy por debajo de los más de 7.000 que estima que ingresará con la subida del IVA que afecta desde la carne y el pescado hasta los automóviles, las gasolinas o las facturas de la luz y el teléfono.

Todos los sectores han puesto el grito en el cielo por la subida fiscal. Y no solo porque en apenas dos años el tipo general del IVA habrá subido el 40% (del 16% al 18% hace dos años y del 18% al 21% ahora ) y el reducido el 42% (del 7% al 8% y del 8% al 10% ahora). Se critica la improvisación del Gobierno y, por parte de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda se consideran los incrementos "drásticos y precipitados". Los efectos perversos además no se acaban aquí, ya que lo que el Estado ingresará por un lado lo pagarán otras administraciones.

El día después de anunciar el mayor ajuste de la democracia, el presidente Mariano Rajoy destacó que España es un país "solvente y fiable". Lo hizo en la toma de posesión de Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado que dirigirá las políticas para mejorar la imagen del país, informaPatricia Martín.

El enorme descontento provocado por las medidas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy que afectan además a los funcionarios, a los parados y a los pensionistas se extendió aún más. La patronal eléctrica, Unesa, advirtió ayer de que las reformas previstas para acabar con el déficit de la tarifa "pueden afectar a la viabilidad" del sector. De hecho aseguran que los más de 2.000 millones de euros que les costarán producirían "una nueva caída de resultados dejando el beneficio de estas empresas a cero". Fue el colofón de una jornada en la que también protestaron los productores de energías renovables.