Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es lo que los sindicatos parecen temer de los datos presentados ayer por la Delegación de Educación en Córdoba, que contrastan con el modus operandi detectado en los últimos cursos. La responsable de Educación del sindicato CSIF en Córdoba, Elena García, desconfía del anuncio de la delegada y teme que «al igual que en los últimos años» se produzca «un recorte encubierto de unidades en la pública una vez se complete el proceso de escolarización». Según García, «hasta ahora han imperado las matemáticas exactas y se ha aplicado un recorte unidireccional en la enseñanza pública que ya se ha llevado por delante más de 60 unidades en la provincia de Córdoba», señala. Aunque afirma que «celebraríamos que se opte por mantener todas las unidades», piden que se firme «un acuerdo de garantías» y que la Junta aproveche el descenso de la natalidad «para reducir la ratio escolar, que se traduzca en una mayor calidad y en una atención más individualizada a los alumnos». En los últimos años, sin embargo, «hemos visto cómo se han amortizado jubilaciones, se han suprimido los refuerzos y recortado la oferta de concursos de traslado», señala. En la misma línea, Carmen Molina, de UGT, dijo apoyar que se mantengan o se recuperen las unidades escolares que se han perdido, «lo que permitiría reducir la ratio y dar un mejor atención», pero alertan de que en el último curso «se han cerrado más de 30 en la provincia», por lo que no acaban de creerse la medida anunciada. Ambos sindicatos coinciden en que, en la capital, los centros públicos de la zona de la Fuensanta temen el cierre de unidades. Molina reclama además que de cara al próximo curso «se agilicen las sustituciones y los refuerzos educativos, que actualmente se están utilizando para cubrir las bajas».

Por su parte, CCOO reclama que las medidas que se adopten no supongan «ni pérdida de puestos de trabajo ni una mayor carga laboral», para lo que reclaman «un refuerzo de las plantillas».