Los proyectos para poner en valor zonas como el embalse de La Breña o la playa fluvial de la aldea lucentina de Jauja han vuelto a ser noticia coincidiendo con la aparición de difusión del último informe quincenal de la Consejería de Salud tras analizarse 370 puntos del litoral y de las aguas continentales (en estos últimos casos, 25 en concreto), todo ello en siete de las ocho provincias andaluzas, ya que, precisamente, Córdoba no figura en el informe al no tener ningún punto en donde el baño esté permitido, según consta también en el preceptivo Informe sobre calidad sanitaria de las aguas de baño de Andalucía al inicio de la temporada de baño 2017.
En ambos documentos se recuerda que «los ayuntamientos son los encargados de mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, de colocar carteles informativos con las características, infraestructuras y medida de seguridad, de vigilar los posibles puntos de vertido cercano para evitar riesgo y adoptar las medidas de gestión que le requieran las administraciones sanitarias y ambiental», todo ello en virtud del Real Decreto 1.341/2007, que incorporaba al derecho español una directiva específica de la UE del año anterior. Eso sí, independientemente de cómo los municipios cumplan y hagan cumplir con más o menos rigor las directivas de la Consejería de la Junta, pocos ayuntamientos en Andalucía han desarrollado una ordenanza específica para sancionar el baño en sitios donde está vetado por la Administración autonómica, una reglamentación local que es necesaria para multar a los ciudadanos que no hagan caso de esta prohibición de la Junta. Por ejemplo, ni en el municipio de la capital, como reconoce el teniente de alcalde Emilio Aumente, ni la alcaldesa Sierra Luque, en el caso del vecino término de Almodóvar del Río, en donde se encuentra el pantano de La Breña, existen ordenanzas que permitan sancionar a bañistas en zonas prohibidas. Eso sí, pueden aplicarse otras sanciones en caso de contravenirse el resto de ordenanzas, como la de limpieza, orden público, contaminación acústica, etcétera. También podría multarse por la Guardia Civil por, por ejemplo, el uso de vehículos de motor en caminos forestales durante la temporada de riesgo de incendio.
