Córdoba ocupa, por tercer año consecutivo, el último puesto de las provincias andaluzas por la cifra de nacionalidades españolas concedidas a extranjeros, al contabilizar 389, lo que representa apenas el 4% del total de comunidad. En este sentido, los últimos datos disponibles en el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, que son relativos al ejercicio 2016, indican que en la comunidad autónoma fueron 10.537 las personas que accedieron a la condición de español por motivos relacionados con la residencia y a nivel nacional lo lograron 93.760. El ránking regional es liderado por Málaga, una provincia con destacada presencia de población extranjera y donde se registraron el 31% de los procedimientos (3.246).

La estadística apunta unos resultados muy desiguales dependiendo del año, por lo que se pueden observar grandes incrementos y reducciones. Pese al balance tan bajo obtenido en Córdoba el año pasado, el dato positivo es que la concesión de nacionalidades aumentó un 40% en comparación con el año anterior. Este ha sido el tercer incremento interanual más destacado después del anotado en Sevilla (levemente por encima del 40%) y Huelva (49%), y se encuentra a una distancia significativa de la subida media andaluza, que ha sido del 21%, y española, con un 20%.

Acerca de las causas por las que se otorgó la nacionalidad a personas de otros países, en 203 casos se concedió tras dos años de residencia y en 83, después de diez años viviendo en el país. Otros 44 ciudadanos la consiguieron por haber nacido en España; 54, por estar casados con un español o española; 1, por ser hijo o nieto de español de origen y los 4 últimos, por otros motivos. En la comunidad autónoma, el principal motivo para la adquisición de esta condición por residencia (presente en el 46% de los procesos) también es haber superado los dos años de estancia en el país.

En este sentido, la asesora jurídica de Córdoba Acoge Cristina Pedrajas afirma que el 90% de las solicitudes de nacionalidad se basa en la residencia (también se dan otras circunstancias) y el requisito general es llevar diez años de forma legal en España. Sin embargo, los refugiados esperan cinco años; los inmigrantes de países iberoamericanos y otras excepciones, dos años, y en situaciones como el matrimonio con un nacional, solo se pide estar casado desde hace un año.

Esta asesora alude a los cambios normativos producidos a finales del año 2015, por los que, entre otros aspectos, los extranjeros que aspiran a lograr la nacionalidad deben superar dos exámenes, y apunta a la necesidad de realizar los trámites a través de internet, lo que «hace que la gente esté más perdida». Preguntada por la evolución en el número de concesiones, también comenta que «antes se pedía, por ejemplo, tener un contrato laboral, que era un obstáculo muy importante, y esto ya no se requiere». Así, detalla que «desde la última reforma dejan de exigirse recursos económicos, porque el filtro ya son los exámenes», y quizá estas modificaciones de la ley pueden estar detrás del aumento detectado el año pasado.

En cuanto al interés por solicitar la condición de español, Cristina Pedrajas señala que «hay mucho más volumen» de peticiones entre aquellos inmigrantes que proceden de un país que permite la doble nacionalidad, como los hispanoamericanos. En esta línea, destaca que conseguir dar este paso «es uno de los objetivos» de las personas que se mudan de país, «porque le facilita mucho el proyecto de vida que quieren desarrollar en España».