Si el martes la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, advirtió de las grandes pérdidas económicas que sufrirá el campo andaluz con la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), ayer fue el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, el que situó las pérdidas del campo cordobés en el nuevo marco comunitario en 109,7 millones de euros hasta 2020. A esta partida hay que unir los recortes en los fondos al desarrollo rural. Eso provocará, según la Junta, que Córdoba sea la segunda provincia española que sufrirá un mayor recorte, solo superada por Jaén, que dejará de ingresar en ayudas directas 272,1 millones. Este mayor impacto en Córdoba y Jaén se produce por el gran peso que tienen los pequeños agricultores y la importancia del olivar, que es el cultivo que perderá más fondos comunitarios.

La Junta ha manejado para hacer esta estimación la publicación de la asignación definitiva de los derechos de pago básico. "Teníamos toda la razón cuando decíamos que se iban a quitar ayudas con la reforma de la PAC y cuando dije que solo en desarrollo rural nos habían robado 286 millones en Andalucía", afirmó Francisco Zurera. El delegado de Agricultura lamentó que desde el Ministerio se rechazaran todas las peticiones andaluzas. "Seguiremos reivindicando el derecho del olivar de Sierra o las ayudas al trigo duro", dijo el representante de la Junta, que criticó que la PAC beneficie a los grandes productores y perjudique a los pequeños y medianos agricultores, además de producirse trasvase de fondos a otras comunidades autónomas. "Venían del Gobierno central a Córdoba a pasearse y a decir que no se recortarían fondos y han hecho una política nefasta en la agricultura", criticó. Por eso, denunció que no se recortase entre los agricultores que cobraban más de 300.000 euros y, por el contrario, se penalizara a los pequeños. "Los más de 45.000 agricultores que reciben ayudas cobrarán menos", puntualizó.

REACCION DEL GOBIERNO Sin embargo, delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, desmintió ayer a la Junta de Andalucía y acusó a la Junta de "mentir con maldad" al emplear datos "falsos" sobre el reparto de las ayudas directas. "Los datos que baraja la Junta son mentira, además de precipitados", criticó Sanz, que no comprende de dónde salen estos datos cuando aún no se ha cerrado la campaña de pago. "Con su obsesión por confrontar, la Junta se ha precipitado. Si el Estado no ha cerrado los datos, cómo va a tenerlos Andalucía", señaló Sanz.