Las comunidades de vecinos de toda España deberán declarar a Hacienda por todas aquellas operaciones que hayan realizado con terceras personas y que superen los 3.005 euros anuales a partir del 1 de enero del 2014 (las primeras declaraciones se harán por tanto en 2015). Solo quedan exentos de declararse los suministros de luz, gas, agua y los seguros contratados para las zonas y elementos comunes de la vecindad. "El resto: albañiles, fontaneros, empresas de jardinería, limpieza, mantenimiento de ascensores todas estas actividades y servicios a los que habitualmente recurren las comunidades deberán declararse siempre que superen la cantidad fijada por el real decreto", explica Mercedes Romero Balsera, presidenta del Colegio de administradores de fincas de Córdoba, que ha iniciado una campaña para informar a sus colegiados.
De este modo, todas las comunidades deberán hacer la declaración y no solo las que lo hacían hasta el momento, esto es las que desarrollaban actividades económicas como tener alquilado un local de su propiedad o tener instalada una antena de telefonía móvil por lo que percibían unos ingresos que debían declararse.
"Cada día se exigen a las comunidades de vecinos más responsabilidades y entendemos que deben estar amparados por un profesional", reflexiona Mercedes Romero, que subraya la alta cualificación de sus colegiados, generalmente licenciados en Derecho, Económicas o Empresariales. En Córdoba, según los datos del colegio, algo menos del 70% de las comunidades de vecinos están administradas.
En concreto, las comunidades deberán presentar a la Agencia Tributaria el modelo 347, que es meramente informativo, pero cuya no presentación podría acarrear multas a partir de 300 euros. De hecho es de esperar que haya un incremento de las inspecciones o que simplemente se crucen algunos datos: por ejemplo, si el albañil que ha hecho una obra en determinada comunidad lo declara y la comunidad no, ésta podría tener un problema. Carla Ortega, de la empresa de administradores Cabello y Ortega, considera que la reforma obligará a las comunidades a llevar una contabilidad más exhaustiva, ya que "hasta ahora algunas actividades como la limpieza o las pequeñas obras había quien las hacía en negro", indica. Y es que en la práctica las comunidades de vecinos, que son consumidores finales (por lo que no pueden deducirse el impuesto), se habían convertido en un auténtico coladero del IVA. Así las cosas, la reforma promete ser un punto de inflexión, que se había iniciado, según comenta José Manuel Guerrero, de la administración de fincas Santa Victoria, con la aplicación del IVA reducido al 10% y supondrá a nivel estatal una importante afloración de dinero negro.
"Como administradores nos viene bien porque muchas veces las comunidades no quieren declarar el IVA. Con la reforma también desaparecerán todos aquellos que no quieran hacer facturas", considera José Manuel Guerrero. Por todo, cree que la reforma hace aún más imprescindible el papel del administrador. "Ya éramos imprescindibles a la hora de pedir subvenciones o ayudas o cumplir la normativa de ascensores, pero ahora la historia se ha complicado para los vecinos sin administrador". En la misma línea se pronuncia Carla Ortega: "Nuestro trabajo incluirá ahora la concienciación a las comunidades de que hay que declarar el IVA porque, además de que es nuestro deber hacerlo, en cualquier momento puede venir una inspección y caerte una multa", comenta. Por ese motivo, los administradores creen que la reforma puede tener una parte positiva para ellos ya que puede ser que más comunidades recurran a sus servicios. La parte negativa, que por el mismo precio que están trabajando tendrán que asumir ahora una nueva labor.
