El centro penitenciario de Córdoba, de los 84 que tiene España, ocupa el décimo puesto por el número de agresiones de presos a funcionarios cometidas en los últimos seis años. Las cifras facilitadas por Instituciones Penitenciarias y por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-USO) indican que los reos han provocado lesiones a los trabajadores hasta en 65 ocasiones entre el 2011 y el 2016, y este dato representa algo más del 10% de las 637 contabilizadas en Andalucía. A nivel nacional, se han producido 2.211 agresiones y sobresale la cárcel madrileña de Estremera con 124 ataques a trabajadores. En lo que va de año 2017, Córdoba ha registrado 2 agresiones.

El delegado sindical de Acaip-USO en la prisión de Córdoba, José Miguel Sánchez, precisa que las cifras solo se refieren a agresiones con partes de lesiones. A esto se añade un número «bastante elevado» de incidentes regimentales, que comprenden los citados problemas, las peleas entre internos, los actos de desobediencia o las amenazas, entre otros. En su opinión, la cifra de presos es uno de los factores que influye en esta conflictividad. Córdoba tiene 1.371 internos, según datos de Instituciones Penitenciarias que incluyen el Centro de Inserción Social, donde se cumple el tercer grado. En Acaip informan de que más del 91% son penados y el resto, preventivos. Además, el 95% son hombres y un 5% son mujeres. También subrayan que el 25% de los reos tiene patologías psiquiátricas.

NIETO CONFIRMA LA CRÍTICA / Al hilo de estas impresiones, hay que recordar que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, afirmó el pasado enero (en una entrevista concedida a Radio Córdoba) que «la cifra manejable para el número de funcionarios y la infraestructura» de la prisión cordobesa está «ligeramente por encima de los 1.000 internos». Así, explicó que esta es «la cantidad lógica que tiene que tener» y confió en que la apertura de la prisión de Archidona (Málaga) ayudará a alcanzarla.

La estadística de Acaip apunta que la población reclusa llegó a 1.824 personas en el 2010, el pico más alto desde la inauguración de las instalaciones de Alcolea en el 2000. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias precisa que la prisión fue diseñada con 1.137 celdas, que pueden estar ocupadas por una o dos personas, aclarando que ahora «hay 1.206, siendo su máxima capacidad de 2.274» internos.

Desde Acaip también aluden, como factor que incide en las agresiones, a la «falta de personal» y sus datos indican que hay 31 plazas de funcionarios sin cubrir y se han recortado 5. Por su parte, el Gobierno señala que Córdoba tiene 461 funcionarios, lo que representa un leve aumento respecto a años anteriores.

Junto a otras medidas, José Miguel Sánchez reivindica «un protocolo adecuado» para agresiones y el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad. Acaip-USO es el sindicato más representativo del sector en España y el que tiene más afiliados en Córdoba, y subraya que los trabajadores se están movilizando «por una gestión de Instituciones Penitenciarias nefasta que nos ha llevado al borde del colapso».

CSIF/ De otro lado, fuentes de CSIF (el sindicato con más delegados en la prisión) aluden a la «pérdida de personal» y recuerdan que dejaron de ser agentes de la autoridad en el 2015 -pese a que sí se reconocen como tales a médicos o maestros- por lo que a los presos «les sale más barata la agresión». Estas voces destacan que «no sentimos apoyo social», aunque incluso «estamos valorados por los propios internos», ya que los funcionarios desempeñan distintas funciones, entre las que también se encuentra la de impartir talleres o cursos. CSIF explica que cada día están «más abiertos a la sociedad», comentando que en el CIS hay un servicio de gestión de penas y medidas alternativas, o se ofrecen cursos sobre violencia de género y seguridad vial, pero, en caso de que se produzca un incidente, «lo único que podemos hacer es llamar a la Policía, cuando cualquier centro público tiene seguridad».