Como se ha explicado más arriba, el hecho de que se permita llevar a cabo esta subida del IBI no quiere decir que los equipos de gobierno lo hayan llevado a efecto, pues se da el caso de pueblos en los que el Pleno ha aprobado congelar dicho impuesto o incluso bajarlo, este es el caso, entre otros, de Encinas Reales. Esta circunstancia viene dada porque los equipos de gobierno pretenden amortiguar el incremento que supondrá para los vecinos el valor del suelo sobre el que se levantan sus viviendas.

Por otro lado, están los pueblos que han solicitado al Ministerio una revisión a la baja de los valores catastrales. En algunos casos, según han señalado algunos alcaldes a este periódico, es porque con el boom del ladrillo algunos de los terrenos estaban valorados demasiado altos, lo que se pretende, según explicaba el alcalde de La Victoria, José Abad, es que tenga «una incidencia positiva en la economía doméstica, a la hora de realizar la declaración anual de la renta, solicitar becas de estudios, ayudas o subvenciones, tramitar subsidios por desempleo, etcétera». Abad ha difundido una nota entre sus vecinos en la que indica que «el valor catastral en nuestra localidad bajará en 2017 un 30%».

Para la propuesta de revisiones a la baja se señala desde Hacienda que si la última revisión a fondo de dichos valores se efectuó entre los años 2005 y 2009 el ajuste sobre el valor de base debe ser del 8%, situación en la que encuentran Guadalcázar, La Victoria, Palma del Río y San Sebastián de los Ballesteros. El caso de Fuente Palmera (revisado en el año 2010) es para el que se propone una bajada mayor, del 10%. Sin embargo, igual que ocurre con los municipios que tiene aprobada la revisión al alta, es el propio ayuntamiento el que la ha de fijar.