El documento repartido ayer en el consejo rector indica que si una parcelación ejecuta las obras para tener servicios básicos y pasan cuatro años y no ha continuado con los proyectos de reparcelación y urbanización, que son los que legalizan, el Ayuntamiento «quedará facultado para la redacción y tramitación de ambos» y para cambiar «el sistema de actuación». En este sentido, Emilio García indica que «si pasado un tiempo no se llega al proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento, en coordinación con ellos, puede finalizar como cooperación», en vez de compensación.
El documento señala que las viviendas deben tener ejecutadas redes en alta o previsión de que las van a tener. Además, hará falta un proyecto con las obras necesarias. La junta de compensación deberá avalar el 100% de las actuaciones y el coste de las obras se repartirá entre los propietarios afectados y se incorporará a las cuentas de liquidación de la reparcelación. El «programa especial» permitirá ocupar las calles para realizar las obras de infraestructuras. Emilio García explica que el nuevo instrumento «habilita la ocupación de suelos (calles) que no son del Ayuntamiento», al no existir proyecto de reparcelación, para la ejecución de las infraestructuras. Añade que los enganches se harán en las infraestructuras en alta, que ejecutará el Ayuntamiento.
Pedro García asegura que «es la primera vez que Urbanismo hace una propuesta tan importante al Gobierno andaluz y al Parlamento» y que las modificaciones de la LOUA hechas hasta ahora «nunca han tenido en cuenta a la ciudad». Por su parte, el gerente asegura que supone «un salto revolucionario en el procedimiento».
