El Ayuntamiento considera que es «prioritario garantizar la viabilidad» presente y futura del parque tecnológico Rabanales 21. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, informó ayer sobre la tramitación de la modificación del PGOU que se está llevando a cabo desde hace más de dos años para albergar un centro comercial, que se ha atascado de nuevo tras un informe de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, que realiza observaciones sobre los usos permitidos y la necesidad de un estudio de impacto ambiental. La alcaldesa deja claro que continuar con el proyecto comercial es el primer objetivo del Ayuntamiento, pero, aunque «supondrá un alivio» para el parque, no es la única solución que necesita.

La alcaldesa considera que, al margen del centro comercial, «hay que seguir buscando soluciones», en las que «deben estar de acuerdo todos y cada uno de los socios, y quien más acciones tiene y quien es mayor responsable, porque tiene niveles de aportaciones mayores, tendrá que estar también». Por lo pronto, cree que «la Junta, como hasta ahora, va a estar dispuesta a buscar soluciones, como la UCO», y que se contará con la «implicación de Caixabank y la Diputación». Ambrosio subraya que «no hay una varita mágica que resuelva la situación de Rabanales 21, por lo que «la suma» de distintas variables es «la que nos puede aliviar». En Rabanales 21 participan la UCO (24,74%), Junta (20%), Ayuntamiento (4,38%), Diputación (0,88%), Caixabank (35,49%), BBK Cajasur (10%) y Prasa (4,51%).

La alcaldesa hizo hincapié en que las dos principales observaciones que realiza el informe de la Junta «no impiden» que la innovación del PGOU «salga adelante ni son obstáculo para continuar trabajando como lo hemos hecho desde el minuto uno». Una de esas dos «apreciaciones de obligado cumplimiento» es la necesidad de modificar un artículo de una innovación del PGOU del 2005 para añadir el uso de gran superficie comercial minorista. A juicio de Ambrosio, ese trámite «se debía haber realizado a la vez que la aprobación inicial» pero «fue un error que cometió el PP y que hemos arrastrado y ahora nos toca corregir». La segunda exigencia es la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Como hay distintas interpretaciones, el Ayuntamiento está a la espera de la respuesta de la Junta a una consulta realizada, que pude llegar la semana que viene.

Isabel Ambrosio cree que los trámites que hacen falta ahora para que el proyecto comercial sea una realidad «no deben ir más allá de seis u ocho meses» si se confirma que la modificación necesaria del artículo «es pormenorizada y no estructural». Si la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento y no a la Junta, como, según otras fuentes consultadas, va a ser, y no hace falta estudio ambiental, ese plazo podría reducirse a la mitad.

La alcaldesa reconoce que «el retraso supone un contratiempo» pero «las soluciones deben ser firmes». Ambrosio asegura que «Rabanales 21, Urbanismo y la Junta trabajan estrechamente para plantear una hoja de ruta que permita corregir los errores encontrados» y que «la innovación sea una realidad lo antes posible» y con pasos «seguros». Ambrosio recordó que «el equipo de gobierno optó por dar viabilidad al centro comercial», ya que era «la única opción para garantizar ingresos», a pesar de que las grandes superficies no son «el modelo» del gobierno municipal.