La crisis complica la ejecución de grandes obras por falta de liquidez pero también dificulta la venta de inmuebles para lograrla. Esa circunstancia la están padeciendo las administraciones, a las que les está resultando mucho más difícil de lo que esperaban colocar en el mercado sus bienes para obtener dinero para otros proyectos o necesidades. En estos momentos, Gobierno, Junta y Ayuntamiento tienen abiertos varios procedimientos en Córdoba para desprenderse de una veintena de edificios que tienen como denominador común que la mayoría de ellos se han intentado adjudicar en ocasiones anteriores sin éxito.

El Gobierno puso en marcha el año pasado el plan de ventas de inmuebles del Estado, con el que pretendía vender más de 15.000 bienes de todo tipo. Un año después, el balance, a nivel nacional --este periódico ha intentado sin éxito lograr los datos provincializados--, es que ha logrado adjudicar el 14% de lo que esperaba. No obstante, el plan no ha concluido, ya que tiene como horizonte el 2015. En el listado que se puede consultar en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se incluye un edificio de la capital de 372 metros cuadrados, situado en la calle Caño, 9, y que aparece como "afectado por la Abogacía del Estado", valorado en 403.155 euros, que sigue sin vender, ya que el BOE acaba de publicar la convocatoria de su tercera subasta para el 6 de octubre, que afectará también a seis propiedades más sin comprador a pesar de otros dos intentos previos. El listado del plan del Gobierno incluye también el antiguo cuartel de Pedroche y el solar en el que estaba la casa cuartel de Valenzuela, ofertados aún por el Ministerio del Interior en su página web. También hay una veintena de viviendas repartidas por la provincia --Lucena, Puente Genil, Cabra, Belmez y Baena-- e inmuebles calificados como dotacionales públicos en La Victoria y Cañete de las Torres.

La Junta está inmersa también en pleno proceso para deshacerse de parte de su patrimonio inmobiliario para conseguir dinero. Para ello tiene en marcha una operación de venta y arrendamiento de 70 edificios en Andalucía con los que pretende obtener 325,5 millones, de los que ocho están en Córdoba y albergan sus delegaciones provinciales. Aunque aún se desconoce cuáles serán los resultados de esta operación, hay que tener en cuenta que se trata de un segundo intento por lograr liquidez, ya que en el 2010 la Junta quiso hacer lo mismo con un lote similar pero no consiguió su objetivo. El problema fue la dificultad de los interesados en lograr financiación. Ahora, en esta segunda oportunidad, ha bajado el precio de los bienes que ofrece y se decanta por una fórmula distinta, ya que en el 2010 la idea era que pasaran a manos de las entidades Sogefinpa y Epgasa. Ahora se inclina por lo que se denomina alquiler con retorno. Las nuevas condiciones están recogidas en el BOJA del 20 de junio de este año y el plazo de presentación de ofertas acaba en unos días, el 29 de agosto.

También el Ayuntamiento intenta desprenderse de patrimonio para mejorar las arcas municipales y aún trata de vender bienes de Procórdoba.